Las municipalidades quieren sacarle jugo a las torres celulares que se instalen en sus cantones.
Los ayuntamientos pretenden cobrar una licencia por la explotación comercial de las radiobases para telefonía móvil.
El pago se fijaría con base en la ley de patentes de cada municipio.
Los gobiernos locales buscarán asesoría jurídica y tributaria para establecer dicha tasación.
Aún no está definido como se fijará el monto ni quien lo pagará, si al operador celular o la empresa que instala y renta las torres.
Lo que si está claro es que el costo adicional será trasladado a las tarifas que pagarán los usuarios.
El cobro incluiría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el cual cuenta hoy con más de 1.100 radiobases y no paga patente.
El caso será discutido con el presidente ejecutivo del ICE, Eduardo Doryan, próximamente. Las compañías además deben pagar a los gobiernos locales por el permiso de construcción.
El tema de la nueva tasación cobra fuerza en la medida que se acerca el plazo anunciado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) –mediados de agosto– para publicar el cartel mediante el cual el Gobierno concesionará las frecuencias celulares. Ingresarán tres operadores privados.
El ministro de Descentralización, Juan Rafael Marín y la viceministra de Telecomunicaciones del Minaet, Hannia Vega, confirmaron la pretensión de los ayuntamientos de cobrar por los beneficios comerciales de las torres.
Sin embargo, ambos coincidieron en que la prioridad ahora es terminar el reglamento para la instalación de las radiobases y el protocolo único en el cual se simplifica la tramitología exigida para ello.
En ese documento trabajan varias instituciones de Gobierno y más de 35 ayuntamientos que se han unido a una propuesta de Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrom).
El reglamento no incluirá el tema del cobro de patentes.
Fernando Trejos, alcalde de Montes de Oca y vicepresidente de Femetron, explicó que las municipalidades tienen todo el derecho de cobrar patente por las torres, pues es una actividad lucrativa.
“No es justo que a nosotros nos quede la contaminación visual de las antenas y no recibamos un ingreso por ello”, agregó Trejos.
El empresario Nicholas Van, de la empresa Alta Vista Towers, dedicada a la instalación de torres, no ve con malos ojos un cobro por el uso comercial de las estructuras.
No obstante, opinó que lo urgente en este momento es que se fijen normas para evitar una proliferación innecesaria de radiobases.
Pero en este momento ni la Sutel ni el Viceministerio de Telecomunicaciones cuentan con una estimación de cuántas radiobases deberán instalarse en el país.
Tampoco está definido si se obligará a las compañías a compartir las torres (coubicación) lo cual disminuiría la cantidad a construir.
George Miley, presidente del consejo de Sutel, estimó que un 10% no podrían compartirse.
Con respecto al 90% restante, dijo que tres de las empresas interesadas en operar aquí han manifestado el deseo de compartir las estructuras con sus competidores.
Algunos expertos consideran que si las firmas comparten las radiobases se necesitarían solo unas 2.000 en todo el país.