Los municipios tendrán mayor control sobre las ventas de licores y recibirán más beneficios económicos de ese negocio.
La legislación aprobada ayer en primer debate prohíbe vender, alquilar, cambiar, transferir o traspasar las licencias de licores.
La subjefa de fracción del PLN, Sianny Villalobos, destacó que los ayuntamientos recibirán más recursos por ese negocio.
Según dijo, hoy quien percibe el mayor beneficio económico son los dueños de las patentes que en algunos casos solo pagan ¢75 por trimestre a la municipalidad.
A partir de la aprobación de esta ley, los patentados pagarán al ayuntamiento desde medio salario base (está fijado en ¢360.600) hasta tres salarios base.
Fabio Molina, jefe de fracción verdiblanco, estimó que con esta reforma, los 81 gobiernos locales recaudarán anualmente unos ¢900 millones por patentes de licores.
El legislador cuestionó que en la actualidad hay quienes alquilan patentes por ¢1 millón al mes y los municipios casi no reciben nada.
Esta iniciativa de ley había sido objetada por la Sala Constitucional, pues reducía las distancias mínimas de 400 a 200 metros entre bares y centros educativos, centros de salud o iglesias, entre otros.
El diputado socialcristiano Wálter Céspedes dijo que esos aspectos fueron subsanados y se mantiene la distancia de 400 metros.
Asimismo, explicó, las licencias se otorgarán solo si un distrito logra demostrar que la población ha crecido en más de 300 personas.
Más consenso. Un acuerdo entre las fracciones legislativas también permitió la aprobación ayer de otras iniciativas de ley.
Una de estas es la modificación de varios artículos del Código Penal y la inclusión de un nuevo capítulo sobre delitos informáticos.
El plan promovido por el Movimiento Libertario, incorpora nuevos tipos penales como la suplantación de identidad, espionaje informático, instalación o propagación de programas informáticos maliciosos. Asimismo, la suplantación de páginas electrónicas, facilitación del delito informático, narcotráfico y crimen organizado.
Los legisladores además aprobaron un proyecto de reforma a la ley sobre estupefacientes, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.