“Estaba dando una clase de valores y proyecto de vida, y lanzo la pregunta clásica: y ustedes, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Un alumno levanta la mano y contesta: ‘Niña, ¡yo quiero ser narco y tener un búnker!’... Quedé paralizada.
”Un mes después, y luego de una fuerte labor de convencimiento sobre las desventajas de estar en drogas, le volví a preguntar a aquel estudiante qué quería ser. Me dijo, ya más serio: ‘¡Quiero ser abogado!’
”La alegría me duró poco. A los segundos, sin perder la seriedad, me explicó: ‘Sí, niña, abogado. ¡Vieras la harina (dinero) que le suelta mi papá al licenciado para que lo saque de la cárcel!’ Con solo diez años de edad, mi alumno quería ser abogado, ¡pero de narcos!”.
Dura realidad. Parece un chiste cruel, pero esa es el día a día de la maestra Isabel Fallas. Ella da clases en la Escuela Carolina Dent, en el barrio Sagrada Familia, en San José.
Sagrada es una de las comunidades más pobres y violentas de la capital. Está rodeada por sectores marginales como Reina de los Ángeles, Cañada Sur, el precario Gracias a Dios (donde viven 147 familias), y las famosas Gradas, una comunidad colindante con el río María Aguilar, llena de cuarterías.
Historias como la protagonizada por ese niño de diez años abundan entre los más de 600 alumnos de esta escuela.
En el país, hay 147 centros de educación primaria como la Carolina Dent, donde 3.663 maestros lidian con los efectos de la pobreza y la exclusión en comunidades muy parecidas a Sagrada Familia.
Son las llamadas escuelas de interés prioritario. A estos centros, el Ministerio de Educación Pública (MEP) les gira recursos adicionales para apoyar las necesidades educativas y sociales de 67.323 alumnos.
Pero ese dinero no da abasto cuando los docentes, además de tener que desarrollar un programa académico, deben enfrentar las secuelas en el aula de alumnos con familias desmembradas y hogares sometidos a la droga y la violencia.
En la escuela Rescate de Ujarrás, en Llanos de Santa Lucía (Paraíso de Cartago), Patricia Obando Solano quedó bajo la mira de un papá con ganas de venganza.
“Tuve una alumna a quien su papá la desnudaba y la agarraba a fajazos. Como correspondía, envié un reporte al equipo interdisciplinario que tenemos aquí (trabajadora social, psicólogo, orientador). El caso pasó al juzgado pero el señor estuvo varios días al frente de la escuela esperando conocer a la maestra que lo había acusado”, relató.
“Otro día, una compañera le llamó la atención a un alumno de quinto. El chiquito le dijo: ‘¿Usted conoce a fulanito? Él es narco y es mi amigo, y sabe lo que tiene que hacerle a quienes me molestan’”, rememoró Patricia para enfatizar el peligro de todos los días.
Zonas de precario. Llanos de Santa Lucía es un inmenso precario convertido en distrito del cantón de Paraíso a fuerza del paso de los años.
Los 1.300 estudiantes que asisten a la escuela Rescate de Ujarrás vienen de las barriadas Padre Sanabria, Los Llanos, La Margarita y 11 de abril, tierra donde manda la droga, la pobreza, el maltrato, las pandillas y el sicariato por drogas.
El 70% de los hogares donde se crían estos niños son de mujeres solas con tres, cuatro o cinco hijos a cargo. Hay mucho embarazo adolescente y un alto índice de alcoholismo y maltrato infantil.
Por eso, la escuelita es bonita. Limpia, sin huecos en techos y paredes, llena de color. “Es el único espacio seguro y lindo con el que muchos niños cuentan, y nosotros lo sabemos. Movemos cielo y tierra para conseguir ayuda y tenerles una escuela hermosa”, dijo Rocío Sanabria, otra de las docentes.
Pero ¡cómo cuesta! “Llevo 12 años aquí (Carolina Dent) y a pesar de lo difícil, nuestros niños son potencialmente extraordinarios”, comenta la psicopedagoga Antonieta González Durán.
Sí, es duro. La Carolina Dent se tuvo que amurallar por el ataque de las pandillas, integradas por exalumnos que, drogados y muy de vez en cuando, arman balaceras. Son los mismos que, en el 2012, agarraron a patadas a quien un día fue su maestro, Arturo Marín, y le robaron ¢200.000 del salario recién había recibido.