Empresarios de transporte importaron al menos 433 autobuses viejos, pero al ingresarlos a territorio nacional los reportaron con modelos mucho más recientes.
Ese “rejuvenecimiento” les permitió burlar la norma que exige una vida útil máxima de 15 años a los buses usados traídos al país para el transporte remunerado o servicios especiales.
El caso, denunciado ante la Fiscalía desde noviembre del 2011, por parte de la Dirección General de Aduanas, ha sido tolerado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
A la fecha, esa entidad no tiene abierta una investigación, ni ha sancionado a los autobuseros que reportaron hasta 16 años menos en las unidades importadas.
Este es el caso de un vehículo que ante la naviera se reportó como del año 1989. No obstante, en los datos transmitidos al sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) aparece como modelo 2005.
El propio Consejo de Transporte Público (CTP), órgano adscrito al MOPT, corroboró que al menos 70 de esos autobuses circularon en distintas partes del país.
De estos, 17 daban servicio público autorizado con una concesión y cobraban tarifas fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Cuatro aún están en servicio.
Rodrigo Rivera, viceministro de Transportes y miembro de la Junta Directiva del CTP, dijo que la empresa tiene plazo hasta la próxima semana para retirarlos.
Afirmó que las demás unidades dedicadas a transporte estudiantil o privado ya suspendieron el servicio.
Por su parte, el director general de Aduanas, Gerardo Bolaños, puntualizó que envió tres informes al Ministerio Público el 16 y 17 de noviembre del 2011, y otro el 19 de enero de este año. Fueron remitidos a las fiscalías de las ciudades de Alajuela y Limón.
Manifestó que lo hizo ante la presunción de que se cometieron los delitos de uso de documento falso, falsedad de la declaración aduanera, falsedad ideológica y falsificación de documentos privados.
La oficina de prensa de la Fiscalía indicó que no fue posible determinar cuál despacho está a cargo.
“El empresario está diciendo que fue engañado y existe toda la posibilidad, y no podemos divulgar la lista de empresas sin explicaciones. Sería difamar empresarios y gentes que eventualmente pudieron ser engañados”, justificó el viceministro Rivera.
A la fecha, ni la Aresep conoce cuáles son esos concesionarios, pese a que esa entidad ha solicitado la información en dos ocasiones.
Al no tener los datos, esto puede haber facilitado que esa institución les autorizara tarifas a empresas reguladas cuyos autobuses no cumplen con el requisito de vida útil (máximo 15 años desde su fabricación) para brindar el servicio o reportaron un modelo más joven.
Carolina Mora, vocera de prensa del ente regulador, indicó que el CTP les trasladó algunos datos, pero no sobre empresas ni buses.
En una carta dirigida al viceministro Rivera, el 4 de abril, el regulador general, Dennis Meléndez, le solicitó el informe que hizo Aduanas sobre la alteración de modelos.
En ese documento recordó que el uso de información falsa o alterada, son causal de revocatoria de la concesión o permiso del prestatario de servicio público.