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Tibás es uno de los cantones donde el estado de las calles ocupa un lugar prioritario en las quejas de sus habitantes y visitantes. | JULIANA BARQUERO (Juliana Barquero)
El traslado total de la red vial cantonal a las municipalidades no significa necesariamente una mejoría en el estado de las calles, advirtió ayer Francisco Jiménez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Algunas municipalidades se van a dar de jupa porque no se han preparado. Los ciudadanos deberán exigir a sus autoridades locales, ya no al MOPT, que estará concentrado en la red primaria”, declaró el funcionario.
Sus palabras las dio a este medio un día después de que la presidenta Laura Chinchilla presentó un proyecto de ley para transferir a los 81 gobiernos locales la responsabilidad total sobre el mantenimiento 28.000 kilómetros de caminos cantonales, sobre los cuales el MOPT ha intervenido como emergente.
El MOPT transferiría sus tres plantas productores de asfalto y las 27 personas que integran la unidad de apoyo a gobiernos locales. Lo demás depende de los recursos financieros y la capacidad de gestión.
Los ayuntamientos también contarían con $200 millones de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un dinero que ya estaba asignado a los ayuntamientos, pero que el Gobierno asignó para aprovecharlo cuanto antes, según dijo ayer la presidenta Laura Chinchilla.
Aunque el martes varios dirigentes municipalistas calificaron como “una burla” la designación de dinero que ya les habían prometido, la gobernante resaltó ayer que esos $200 millones llegarán más rápido a los ayuntamientos, pues de otra manera hubieran tenido que esperar más de dos años.
El traslado de la responsabilidad sobre las calles cantonales y el acceso a los $200 millones depende de la voluntad de los diputados, que pronto comenzarán a debatir si ratifican o varían la propuesta del Poder Ejecutivo.
Chinchilla sí calificó como “un buen proyecto” el plan presentado el martes, tras varios meses de controversia por la tardanza del Gobierno para cumplir un mandato constitucional, por la presión del sector municipal y por las advertencias del Ministerio de Planificación sobre la inconveniencia de quitar al Gobierno Central el 10% de su presupuesto.
Chinchilla optó por dar una solución “momentánea”. Agregó que se creará un equipo de diputados, municipalistas y miembros del Gobierno para revisar la ley marco de descentralización, aprobada al final del cuatrienio anterior.
También cabe la posibilidad de reformar el artículo 170 de la Constitución, base de esa ley. Una opción sería trasladar el 10% del presupuesto del Gobierno, pero incluyendo dinero de instituciones descentralizadas, con lo cual el efecto sobre ministerios sería menor.
