El Ministerio de Educación Pública (MEP) urge de un pronto fallo de la Sala IV sobre los nombramientos de 3.400 maestros realizados por el Servicio Civil la semana pasada .
Al corte de ayer a las 3 p. m., 264 asuntos habían ingresado a la Sala Constitucional en relación con la lista de elegibles.
De esos, más de 100 fueron recursos de amparo planteados por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuya oficina de prensa confirmó que a 67 de ellos ya se les dio curso.
Silvia Víquez, viceministra administrativa del MEP, explicó que la institución depende de la decisión de los magistrados para comunicar los nombramientos que, según el cronograma de la institución, deben estar listos antes de concluir el año.
“Esto no es algo que resolvimos nosotros, sino que tenemos que aplicar lo que el Servicio Civil nos mande. Lo que nos preocupa es que la Sala acogió los recursos, pero no se ha pronunciado y esto nos puede atrasar el inicio del curso lectivo”, manifestó Víquez.
“Si de pronto la Sala anula los nombramientos, tenemos que devolvernos y renombrar a la gente que estaba antes. Es muy urgente que resuelvan en una u otra dirección, pero que resuelvan para saber qué hacer”, agregó el ministro de Educación, Leonardo Garnier.
La queja de los docentes se debe a que las plazas se definieron con base en los atestados entregados en el 2009, pese a que este año se recibieron 117.000 propuestas actualizadas de 43.000 educadores. Esto porque cada educador muestra interés en más de un puesto.
Como resultado, el concurso recién concluido no reconoció las mejoras en los puntajes luego del 2009, por ejemplo, de quienes sacaron otro título o especialidad.
José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil, alegó que nunca se acordó que la actualización de datos era para tomarse en cuenta en el curso lectivo del 2013, sino hasta el próximo concurso.
Asimismo, confirmó que ya fueron notificados de los amparos contra la entidad, pero aclaró que en ninguno de los casos la Sala dictó la suspensión del acto.
“Nosotros seguimos con el proceso y firmes en lo que hemos dicho: que nosotros no somos una oficina de prospección de empleo, como pretenden los sindicatos del MEP. No se trata de que tenemos que recibir a cada persona que llega”, declaró Arguedas.