24/02/2012.Hora 11:05 a.m. La escuela Carolina Dent en Sagrada Familia solo tiene dos cocineras para atender y cocinar a mas de 600 nios. la direccion espera que cunado se nombre la Junta del patronato escolar de San Jos le nombren dos mas debido a que teien mucho trabajo. En la foto Rosa Badilla Roldan y Emilse Sibaja Alfaro CRALOS GONZALEZ/GRUPO NACION. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)
No son decenas ni cientos, sino miles de millones de colones los que cada año el Ministerio de Educación Pública (MEP) reparte entre las 4.325 juntas de educación.
Solo en el 2012, el MEP trasladará ¢138.800 millones a estas organizaciones, encargadas de administrar los recursos para que las escuelas del país llenen sus necesidades.
A ese monto hay que sumar transferencias de los municipios, donaciones privadas, alquiler de la soda escolar y ¢11.000 millones que tienen ociosos en la caja única del Estado.
Estos últimos son recursos que no gastaron por razones que van desde desconocimiento en la tramitación de contrataciones hasta la falta de terrenos para construir.
A cambio de toda esa fortuna, el Ministerio solo pide tres documentos: el presupuesto ordinario, un informe de la inversión y una liquidación de gastos.
La rendición de cuentas no incluye ni siquiera una inspección de las obras, para verificar que realmente se concreten.
Normalmente, cuando el Ministerio decide revisar los números de una junta es porque se presentó una denuncia, explicó Mario Mora, viceministro de Planificación y Coordinación Regional de Educación. El año pasado hubo 51 estudios.
En este momento, hay 25 juntas intervenidas, procesos que en algunos casos se iniciaron desde el 2010. Además, los miembros de tres juntas fueron denunciados ante el Ministerio Público por supuesto mal manejo de fondos.
No fue posible conocer el resultado de esas causas.
“Considero que las distintas dependencias del nivel central y regionales podrían jugar un papel más protagónico, actuando de oficio”, reconoció el Viceministro.
Las juntas son claves porque, por ley, administran el dinero para pagar luz, agua y teléfono de los centros educativos. Igualmente manejan los recursos para comprar los alimentos del comedor estudiantil, remodelar o construir aulas, así como adquirir material didáctico.
Toda esta responsabilidad se pone en manos de personas cuyos únicos requisitos son leer y escribir.
“Vi gente comprometida con los objetivos de las escuelas y colegios, pero el asunto es como dicen: ‘en lugares sin controles apropiados, hasta el justo peca”, dijo Fallas.
El consultor señaló que ni el MEP ni las municipalidades manejan una descripción de un integrante ideal de junta. No descartó que haya influencia política en algunos nombramientos.
“Hay juntas que manejan tanto dinero que hacen compras grandes y a quién le van a dar esas compras si no hay buenos controles. Puede pasar cualquier cosa”, advirtió.
Por esa razón, recomendó al Ministerio dar lineamientos por escrito y contar con un sistema de información automatizado para ejercer un mayor control.
Eugenio Núñez, presidente de la junta de educación de la Escuela La Paquita de Quepos, lo que pide es mayor capacitación.
Ante estos llamados, el viceministro aseguró que trabajan en un sistema de control automatizado para dar acceso a los recursos disponibles y gastos.
El MEP también elabora un nuevo reglamento y prepara material didáctico.