Ley sobre reciclaje de basura electrónica rige pero sin pautas

Aunque desde hace un año una ley obliga a los comerciantes e importadores de aparatos electrónicos a reciclar los equipos ya obsoletos, esa labor responde más a la voluntad de los empresarios que a la fiscalización de las autoridades.

En mayo del 2010 se promulgó la Ley para la Gestión Integral de Residuos, y, paralelamente, el reglamento para el manejo de desechos electrónicos, pero su aplicación es, hasta el momento, incierta.

Eso se debe a que al sector industrial todavía no se le ha definido la “cuota” de reciclaje que debe cumplir cada año, tal y como lo establece la legislación.

“No se han puesto las metas porque es un tema delicado”, explicó Eugenio Androvetto Villalobos, coordinador del Comité Ejecutivo para la Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Salud (oficina conocida como Cegire).

A manera de ejemplo, agregó Androvetto, si una empresa vende 10.000 computadoras este año, todavía no tiene establecida si su meta o cuota de reciclaje será, hipotéticamente, del 10% o 20% de esas ventas.

Precisamente, esa cuota se discutirá el martes en la sesión mensual del Cegire, comité que está conformado por representantes de universidades, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y varios ministerios.

La incertidumbre sobre la ley y el reglamento es tal que tampoco está definida la forma en que se votará esa propuesta.

Poca ejecución. El escenario del plan de reciclaje de basura electrónica se da a conocer en el momento en que se reafirma una de las unidades de cumplimiento que establece la legislación.

Estos son grupos organizados de empresarios que se comprometen a cumplir la ley de reciclaje de desechos tecnológicos.

La unidad de ese tipo presentada ayer es la de Asociación de Empresarios para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (Asegire), la cual está auspiciada por la Cámara de Industrias.

Esa agrupación y una similar de la compañía de computadoras HP, son las únicas de las que tiene conocimiento hasta el momento el Ministerio de Salud, ente que debe velar por el cumplimento de las normas.

Otra debilidad de la regulación es que no está fijada la manera cómo las unidades de cumplimiento se inscriben ante el Ministerio.

Sin sanción. Si no hay definidas “cuotas” de reciclaje, tampoco es posible aplicar sanciones.

Según se estableció en la ley para el manejo de residuos, una falta leve (como arrojar equipos a la vía pública) se penaliza con el pago de 10 salarios base, que hoy totalizarían ¢3.160.000.

Para incumplimientos graves (como almacenar basura electrónica en sitios no autorizados) la multa es de 20 salarios; es decir, ¢6.320.000.

Las falencias en la aplicación de la ley no solo las reconoce Androvetto, del Ministerio de Salud, sino también el presidente de Asegire, Fernán Gallegos.

Para ese empresario, la regulación “está vigente a medias”. También citó como ejemplo la ausencia de las “cuotas”.

No obstante, el representante de los comerciantes señaló algunos alcances en la normativa que buscan mejorar, y concretar, el reciclaje de aparatos electrónicos.

“Hay un prerrequisito que dice que un importador no puede ingresar producto al país si no está adscrito a una unidad de cumplimiento; el producto entonces se queda en la aduana”, comentó Gallegos.

De acuerdo con George Faeth, gerente de Operaciones de la multinacional de reciclaje Geep, que funciona en el país, solo el año pasado se reciclaron 500 toneladas de desechos electrónicos.