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La trocha fronteriza comenzó a construirse el año anterior como respuesta al conflicto de isla Calero. Se trata de una vía de 160 kilómetros paralela al río San Juan, con un costo inicial de ¢20.000 millones. | ARCHIVO
La presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, rechazó cualquier responsabilidad de vigilancia en la construcción de la trocha paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La jerarca justificó su afirmación en el hecho de que ninguno de los órganos de la CNE realizó contrataciones o pagó trabajos relacionados con la polémica vía.
Rosales rebatió así manifestaciones del diputado socialcristiano Luis Fishman, quien argumenta que la CNE sí tenía deber de vigilancia sobre esta obra.
El legislador hizo tal aseveración con base en un pronunciamiento que le pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las responsabilidades de la Comisión por obras declaradas de emergencia, como fue el caso de la denominada ruta 1856.
Dicho pronunciamiento fue emitido el 20 de julio y no se trata de un criterio vinculante.
La trocha fronteriza es, en este momento, objeto de investigación del Ministerio Público ante la aparente comisión de irregularidades en la contratación de empresas constructoras, así como en el uso de la madera extraída de la zona.
“Lo que la Procuraduría dice contundentemente es que, una vez declarada la emergencia, sin importar cuáles son las unidades ejecutoras y sin importar de dónde vienen los recursos, hay una responsabilidad de supervisar, fiscalizar”, dijo el legislador días atrás.
Vanessa Rosales, en cambio, interpreta que la Procuraduría establece responsabilidad de control para la Comisión solo sobre los recursos invertidos por una unidad ejecutora que utiliza dineros del Fondo Nacional de Emergencias.
Eso, dijo, no incluye contrataciones hechas y pagadas por otras instituciones en el marco de sus competencias.
La funcionaria insistió en que la construcción de la trocha estuvo a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), al que ciertamente le trasladó recursos, pero hasta abril de 2012, cuando ya la obra estaba detenida.
“Esa institución realizó todas las contrataciones, escogió los proveedores, supervisó las obras y pagó con sus propios recursos. Nunca actuó bajo los parámetros de la proveeduría de la CNE. Es decir, nunca actuó como unidad ejecutora de fondos de la CNE”, añadió.
La jerarca de la Comisión fue insistente en que la opinión de la PGR no se refiere al caso concreto.
