Japdeva y su sindicato de trabajadores firmaron ayer una reforma a la convención colectiva que autoriza la concesión de los muelles de Limón y Moín, a cambio de una indemnización de $137 millones para los empleados portuarios.
También se acordó eliminar un benefició que permitía el cierre de los puertos 11 días al año, para que sus funcionarios disfrutaran de actividades como el carnaval de Limón (en octubre), el Día de la Madre, Jueves y Viernes santos y la asamblea ordinaria del sindicato.
Ahora, los muelles caribeños tendrán que operar 24 horas diarias y los 365 días del año.
Los alcances del acuerdo fueron confirmados ayer por Allan Hidalgo, nuevo presidente de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
También los ratificaron Francisco Jiménez, ministro de Transportes y expresidente de Japdeva, y el secretario adjunto del sindicato, Rogelio Williams.
La reforma fue firmada ayer a las 2 p. m. por representantes patronales y de los trabajadores, y a las 5 p. m. ya había sido avalada por la junta directiva de Japdeva.
Para hoy, está previsto el envío del documento al Ministerio de Trabajo, el cual deberá homologar o rechazar la nueva convención, explicó Allan Hidalgo.
Dicho pago cobijará a 1.100 empleados permanentes e interinos, y a 400 empleados suplentes.
Los permanentes e interinos recibirán ¢4 millones por cada año laborado hasta un tope de 20 años.
Por su parte, los suplentes recibirán ¢1 millón por cada año laborado hasta un máximo de tres años con la condición de que hayan trabajado, al menos, tres años del último quinquenio.
La nueva convención quedará sin efecto en el momento en el que haya “un contrato refrendado con un concesionario”, dijo Hidalgo.
El Gobierno estima que el proceso de licitación y adjudicación se completará en el 2011.
El concesionario que asuma Limón y Moín será responsable de administrar y modernizar los muelles existentes y de construir una nueva terminal para barcos portacontenedores en Moín.
La lista de beneficiarios de la indemnización debe incluirse en los contratos de concesión, pues $100 millones serán aportados por la concesionaria y los $37 millones restantes por el Estado.
La semana pasada, Liroy Pérez, exsecretario de prensa del destituido sindicato de Japdeva, desacreditó las negociaciones entre la administración y el nuevo sindicato.
“Nuestra convención colectiva está en peligro, si no es que ya la despedazaron”, declaró en una circular enviada a los empleados.
Desde principios de este año, la anterior cúpula de Sintrajap, comandada por Ronaldo Blear, presentó acciones ante la Sala IV y en un Tribunal Contencioso Administrativo, para tratar de frenar las actuaciones de la nueva dirigencia.
Aunque estos procesos están pendientes de resolución, Allan Hidalgo sostuvo que las sentencias no tendrían carácter retroactivo y que, por tanto, no podrían anular lo que hasta ayer ya fue acordado entre el nuevo sindicato y Japdeva.