Fue creado en 1998 con el objetivo de administrar recursos contra el cáncer y hacer con ellos desde campañas de prevención hasta un hospital especializado para esa enfermedad.
Pero, diez años después, en el 2008, el Instituto Costarricense contra el Cáncer (ICCC) tuvo su fin en un fallo de la Sala IV, que declaró inconstitucional la ley que lo creó ( la número 7.765).
La resolución señaló “errores graves en el procedimiento de elaboración de la ley” y el hecho de que el ICCC no estaba obligado a contratar servicios con base en el modelo de licitación pública.
El inicio. Una de las cosas que más polémica causó la creación del Instituto es que la ley le permitía que contratara, de manera directa, al Gobierno de Canadá, representado por la Corporación Comercial Canadiense (CCC), para obtener el diseño, construcción, equipamiento y capacitación del sistema oncológico.
En ese entonces, la Contraloría General de la República objetó el convenio, pues no quedaba claro si había un compromiso de parte de Costa Rica y Canadá, y, sobre todo, la manera en cómo la Corporación contrataría servicios.
El ICCC se financiaba con un impuesto del 13% a la lotería. También había causado roncha que Canadá ofreciera un crédito de $14 millones para la construcción del Hospital del Cáncer.
Al cierre del ICCC hubo choques entre los funcionarios del Instituto y las autoridades del Ministerio de Salud –cuya jerarca era María Luisa Ávila– y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Eduardo Doryan.
La resolución de la Sala IV establecía que el dinero del ICCC debía pasar a la Caja para utilizarse exclusivamente contra el cáncer. A la fecha, de ¢33.627 millones transferidos, la Caja solo ejecutó el 9,7%.