08/10/2012. Firma de un proyecto para introducir cambios en la Ley 7531 sobre Pensiones del Magisterio Nacional segn un acuerdo entre la Presidencia de la Repblica, la Asamblea Legislativa y el Magisterio, en la mesa principal estaban Carlos Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia, Laura Chinchilla y Vctor Emilio Granados, Presidente de la Asamblea Legislativa. Foto Abelardo Fonseca (Abelardo Fonseca)
Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno pretende corregir el “injusto” cobro que se les aplica a los docentes pensionados del Magisterio Nacional.
Se trata del único grupo de jubilados del país que debe seguir cotizando luego de retirarse.
El plan, firmado ayer por la presidenta Laura Chinchilla y entregado al presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, beneficiaría a los 38.000 pensionados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional.
Dicho sistema reúne a todos los trabajadores de la educación que empezaron a laborar en el Magisterio antes del 15 de julio de 1992, cuando nació el sistema de capitalización colectiva.
En concreto, el plan propone eliminar la obligación de contribuir de unos 10.000 jubilados que reciben una pensión de 2,8 salarios base o menos (equivalente a unos ¢615.300, pues el salario mínimo es de ¢219.750).
Por su parte, los retirados con ingresos superiores cotizarían de forma escalonada, pero solo a partir del exceso de ese monto.
Así las cosas, quienes tienen una pensión de entre 2,8 y 4 veces el salario mínimo cotizarían un 12% del exceso; quienes ganan entre 4 y 6 salarios cotizarían el 14%; y quienes reciben más de 6 salarios pagarían un 16%.
“Si una persona recibe de ¢650.000 para abajo, no cotizaría. Si se pasa, cotiza sobre el exceso, no del total”, explicó Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio.
El proyecto también beneficia a algunos de los 14.000 trabajadores activos del régimen, pues elimina la obligación de aportar a quienes tienen ingresos inferiores a los dos salarios base (¢439.900).
Asimismo, reduce el porcentaje de aporte de quienes ganan dos salarios mínimos (de un 10% de sus ingresos a un 8,75%) e implementa un cobro escalonado igual al de los pensionados a partir de los cuatro salarios mínimos.
Según explicó Chinchilla, el proyecto reivindicaría la “injusticia histórica” que viven los contribuyentes de este régimen. También resaltó el hecho de que el plan cuenta con una fuente de financiamiento. “No podemos seguir generando más obligaciones fiscales sin su respectiva fuente de ingresos”, aseveró la mandataria.
Compensación. Para llenar el vacío de alrededor de ¢16.000 millones que dejaría esta concesión, el Gobierno propone cobrar el impuesto sobre la renta a las utilidades (remesas) que las empresas envían al exterior. Actualmente, estas gozan de una exención.
La idea no es del todo nueva; en el contexto del plan fiscal se hizo una propuesta similar, pero en ese entonces se habló de gravar empresas de zonas francas, que no están contempladas en este nuevo plan.
“Con esta modificación decimos: ‘Si usted está generando renta en Costa Rica, entonces paga el impuesto aquí y el otro país está obligado a reconocer el crédito’”, manifestó el viceministro de Egresos, José Luis Araya.
Sin embargo, Alan Saborío, de la firma Deloitte, advirtió de que esta modificación podría exponer a algunas empresas a una doble tributación. “En teoría, no se les gravaría dos veces, el problema es que hay transnacionales que se organizan en lugares donde el crédito no se les acepta” aseguró el experto.