Gobierno justifica tarifas de nuevo muelle en Moín

Este alegato fue planteado durante el segundo día del juicio contra el Estado por la concesión otorgada a la empresa APM Terminals para construir la nueva terminal portuaria en Limón.

Carolina Murillo Álvarez, economista de Aresep, explicó que las tarifas son más elevadas de lo previsto originalmente, porque se ajustaron los costos de operación del puerto.

Cuando se empezaron a discutir los modelos tarifarios del proyecto de Terminal de Contenedores de Moín (TCM), el costo total por atender un contenedor era de $169.

Sin embargo, luego hubo modificaciones en las proyecciones de la demanda estimada del puerto y los costos de operación, los que elevaron la tarifa a $252 por contenedor, exteriorizó Murillo ante los jueces del Tribunal Contencioso.

A la postre, la tarifa terminó en $223 (pues lo que fija la Aresep son tarifas tope). Ese monto es $31 más alto que lo que hoy paga un empresario por mover un contenedor en los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La testigo, convocada por la parte demandada, también aseguró que el Estado no está obligado a indemnizar a APM Terminals (concesionaria del muelle), si no se alcanzan los volúmenes mínimos de carga estimados en el contrato.

Por último, Carolina Murillo agregó que las tarifas portuarias no se ajustan por desequilibrios del concesionario, sino por actualizaciones anuales de la inflación.

En el contraataque, la Cámara Nacional de Bananeros (que demandó al Estado por este proyecto), alegó que las condiciones del contrato de todas maneras favorecen al concesionario de origen holandés.

Según Rándall Quirós, abogado de los bananeros, aunque las tarifas no se ajusten cada vez que el empresario así lo desee, el Estado sí aumentó la tasa interna de retorno (rendimientos futuros de la inversión), al pasarlos de un 15% a un 17,5% en favor de APM Terminals.

“Así, cuidado pierden”, agregó Ronaldo Blear, secretario del sindicato portuario y que también es demandante y exige que se anule la concesión.

Suspendido. Aunque aún faltan seis testigos por comparecer en este proceso, la audiencia de hoy está suspendida porque el abogado del sindicato, Jorge Emilio Regidor, tiene otro juicio a la misma hora.

Entre los convocados para el jueves, hay dos funcionarios de Japdeva que hablarán del plan maestro portuario del país.

Además, faltan dos especialistas que darán detalles sobre los eventuales impactos ambientales del puerto en Moín.