El Gobierno de la República emitió una directriz que obliga a los ministerios y a las instituciones descentralizadas a “no exceder” el aumento salarial semestral que se fije para el sector público.
Con esa medida, el Gobierno espera evitar que algunas entidades del Estado realicen, de manera antojadiza, aumentos salariales a sus funcionarios.
La directriz la firmó ayer la presidenta de la República, Laura Chinchilla, antes de que el Gobierno se sentara a negociar con los sindicatos el incremento de los salarios para el sector.
La instrucción también “insta respetuosamente” a los jerarcas de los poderes Legislativo y Judicial “a procurar que en los aumentos salariales (...) no se exceda el monto, porcentaje ni vigencia, el aumento general al salario base” que pronto se decretará.
Precisamente, ayer comenzó la negociación para establecer el porcentaje de alza en los sueldos que regirá para los trabajadores del Gobierno Central durante este primer semestre.
Esa primera cita no arrojó acuerdos, pero los sindicatos dejaron clara su posición de que el alza salarial deberá cubrir la inflación acumulada, la cual se cifra en un 2,41%, y considerar otros incrementos y actualizaciones en la fórmula de cálculo.
Así lo informó Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), quien ayer planteó esas consideraciones al Gobierno.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, dijo que el aumento estará regido por el “llamado a la austeridad” que impulsa la Presidencia, pero la jerarca no reveló cifras.
Debido a que ayer fue poco el avance en el tema, la negociación se reanudará mañana a las 3 p. m.
Si las organizaciones sindicales y el Gobierno no logran un consenso, este tiene la facultad de decretar el alza.
En ese sentido, entidades con convenciones colectivas podrán omitir el mandato.
Algunos entes con régimen salarial propio son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Según la directriz MTSS-002, los jerarcas de las instituciones estatales “serán los responsables de la aplicación de los dispuesto”.
Para Morales, de la ANEP, el mandato del Gobierno “lo que hace es seguir por el camino de que la crisis (fiscal y financiera) la deban pagar los de la clase trabajadora”.
El dirigente dijo que “más bien el Gobierno debería pagar a muchos trabajadores los salarios que se dan la Contraloría (General de la República) o el Poder Judicial”.
Por el contrario, la ministra Piszk estimó que la directriz procura “que se acaben los privilegios”.
El alza que se definiría mañana será en principio para 175.000 trabajadores del sector público.
Mientras tanto, para los empleados del sector privado ya rige un aumento salarial que es del 2,63%.