Gobierno decretará, sin negociar, alza de ¢5.000 para sector público

El Gobierno decretará un aumento salarial de ¢5.000 para el sector público, sin que el monto se haya discutido en la comisión negociadora de salarios.

Así lo dispuso la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, luego de que los representantes de los trabajadores no acudieran a la cita de ayer a las 9 a. m.

“Convocamos la sesión de hoy (ayer) en la mañana para dar inicio a las negociaciones en materia salarial. Ya que no podemos hacerlo, el Gobierno de la República hará lo que corresponde, que es emitir el decreto”, dijo Piszk.

El incremento regirá a partir del 1.° de febrero, retroactivo al 1.° de enero. En el caso de los docentes, se aplicará el 1.° de marzo.

La comisión negociadora de salarios del sector público, formada por representantes de los trabajadores y del Gobierno, hizo el primer intento de negociación el jueves.

No obstante, las propuestas de ambas partes se quedaron sin analizar, pues todo el tiempo se dedicó a conocer una disconformidad de los sindicalistas en relación con las potestades de la comisión.

Antes de debatir el alza, los sindicalistas pidieron tiempo para analizar la respuesta escrita que le solicitaron al Gobierno sobre los alcances de la comisión.

Ayer a las 9:30 a. m., Piszk entregó el documento a Franklin Benavides, de la Confederación General de Trabajadores (CGT), y a Luis Serrano, de la Central Social Juanito Mora, líderes gremiales encargados por sus compañeros para retirar el texto.

“No estamos rompiendo la negociación, estamos pidiendo un espacio para valorar el documento”, manifestó Benavides.

“Vamos a hacer consultas de tipo jurídico. Este es un tema que incluso puede ser objeto de una denuncia ante la OIT, pues se estarían cercenando competencias de una comisión bipartita de muchos años”, agregó.

Directriz polémica. Para los sindicalistas, el reciente decreto que le asignó la rectoría de empleo público a la Autoridad Presupuestaria anula la función de la comisión negociadora de salarios.

“El último decreto no deroga el anterior, entonces hay dos decretos en igualdad de condiciones. No sabemos si atenernos al primero o al segundo”, afirmó Serrano.

Francisco Marín, viceministro de la Presidencia, insistió en que el último decreto se emitió por una recomendación de la Contraloría General de la República.

Ruptura de acuerdo. El alza salarial que emitirá el Gobierno la próxima semana, incumplirá por primera vez con la metodología acordada con los trabajadores en el 2007.

Esa fórmula reconoce la inflación acumulada en el semestre anterior a la fijación, que en esta ocasión equivaldría al 1,9%.

La jerarca de Trabajo explicó que era imposible cumplir con ese acuerdo por la crisis fiscal del país, y defendió el aumento planteado.

“Un incremento que constituye un sacrifico para la Hacienda Pública no puede calificarse de miserable, cuando no solo estamos ante condiciones adversas, sino que esos ¢5.000 se potencian un 60% con los pluses salariales”, dijo Piszk.

El alza le costará al Gobierno ¢25.000 millones que se financiarán con deuda.

Los sindicalistas convocaron a asamblea para el lunes, a las 4 p. m., para discutir posibles medidas de presión contra el Gobierno.