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Proyecto busca dar ‘interpretación auténtica’ en cálculo de sobresueldos

Gobierno convoca de urgencia plan sobre incentivos médicos

Actualizado el 01 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Ejecutivo prioriza plan para aclarar pagos a médicos y evitar crisis en CCSS

Jefes de fracción rehúyen apoyar, de buenas a primeras, la iniciativa de ley

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Gobierno convoca de urgencia plan sobre incentivos médicos

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                         La comisión legislativa que investigó la crisis de la Caja dictaminó cinco proyectos para mejorar la situación de la entidad, entre ellos está el que ayer convocó el Gobierno en relación con  la ley de incentivos médicos. | MAYELA LÓPEZ.
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La comisión legislativa que investigó la crisis de la Caja dictaminó cinco proyectos para mejorar la situación de la entidad, entre ellos está el que ayer convocó el Gobierno en relación con la ley de incentivos médicos. | MAYELA LÓPEZ.

El Gobierno de la República convocó ayer, de manera urgente, un proyecto de ley de “interpretación auténtica” de la normativa para el pago de incentivos médicos, a fin de evitar una nueva crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, confirmó la gestión para que el expediente 18.533 se conozca, a la brevedad posible, en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El plan pretende aclarar la lectura de los artículos 5 y 13 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, en los que se especifica cómo se calculan los sobresueldos para los médicos.

La presentación del proyecto ante los diputados se dio el mismo día en que este diario publicó que hay más de 2.000 juicios laborales contra la Caja –de los cuales ya perdió 350 por un monto de ¢3.700 millones–, en los que se aduce el pago incompleto del incentivo de carrera hospitalaria.

Benavides indicó a La Nación que la convocatoria del plan no tuvo que ver con esa publicación.

Lo cierto es que la Caja, de salir malparada en todos los juicios, debería asumir indemnizaciones por un monto total de ¢174.000 millones (equivalente al 10% del presupuesto del Seguro de Salud).

Además, la entidad calculó que debe presupuestar ¢18.000 millones anuales para asumir nuevos compromisos salariales; esto, sin tomar en cuenta que la próxima semana se definirá el aumento para toda la planilla.

Ayer, la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, dijo que esa situación sería insostenible y bien podría significar el ponerle el “candado” a la entidad.

Por eso, el proyecto de ley pretende blindar la manera en que actualmente se pagan los incentivos, cuyo cálculo se hace sobre la base salarial y no desde el salario total (agregando las guardias y disponibilidades médicas).

Precisamente, el fundamento de los galenos y de la Unión Médica Nacional (UMN) es que los incentivos se deben estimar tomando en cuenta el salario total. Por ahora, los jueces les han dado la razón.

¿Prosperará? Sobre la convocatorio del proyecto 18.533, el ministro de la Presidencia dijo que desde días atrás hubo comunicación entre él, la mandataria, Laura Chinchilla, e Ileana Balmaceda para llevarlo a la Asamblea Legislativa.

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Agregó que la orden la giró la propia Chinchilla.

El plan de “interpretación auténtica” ya había sido dictaminado afirmativamente, y de manera unánime, en la comisión legislativa investigadora de la crisis del Seguro Social, que estuvo vigente durante el 2012 y parte del 2011.

Pero ahora, tras la convocatoria del plan, ¿habrá consenso en el plenario para su aprobación?

Jefes de fracción consultados por La Nación prefirieron no emitir criterio al respecto, pues alegaron que no conocían aún la iniciativa. No obstante, todos se mostraron dispuestos a analizarla.

Carlos Góngora, jefe de los libertarios, manifestó que el análisis girará en torno a tomar una decisión “que no atropelle derechos de los médicos”, pero que tampoco deje a la libre las finanzas de la Caja.

Nuevos datos. Por otra parte, el gerente administrativo de la Caja, Luis Fernando Campos, rectificó los datos que, erróneamente, le dio ayer a este diario.

La información publicada daba cuenta de que la Caja ya había perdido 30 juicios, pero en realidad son 350, siempre por un monto de ¢3.700 millones. Además, el total de demandas no era de 1.928, sino de 2.279 en todo el país.

Se mantiene la estimación de indemnizaciones por ¢174.000 millones. Colaboró Irela Fornaguera

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