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El jueves a las 9:15 a. m. agentes de la Fiscalía Anticorrupción arribaron a las oficinas de Autopistas del Sol, en el peaje de Escazú. | ABELARDO FONSECA (Abelardo Fonseca)
El Ministerio Público inició ayer la tabulación y análisis de más de 200 cajas de documentos que fueron secuestrados, en seis allanamientos, como parte de la indagación de oficio sobre la calidad y apertura de la carretera San José-Caldera.
La documentación es tanta –afirmó Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto– que además de una pequeña bodega, se requirieron varias oficinas de fiscales para guardar las cajas.
Junto con las pruebas en papel, los fiscales indagan el contenido de los discos duros de más de una decena de computadoras, así como la realización de entrevistas a funcionarios públicos y privados.
Todas las diligencias tienen como objetivo recabar indicios sobre supuestas irregularidades durante y después de la construcción de la ruta 27 hacia Puntarenas, la cual es administrada por la concesionaria Autopistas del Sol.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que lleva el caso, espera determinar si en torno a la obra hubo falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, y el pago irregular de contratos administrativos (esto último a manera de peajes).
Será hasta que finalice el análisis de los documentos cuando se conozca si se aplican medidas cautelares contra funcionarios públicos o privados, explicó ayer Cubillo.
Los allanamientos del jueves se realizaron en sitios como las oficinas de la concesionaria y del Consejo Nacional de Concesiones.
Trabajo extenso. El fiscal Cubillo indicó que la cantidad de información los obligó a suspender “otras diligencias” que estaban programadas para ayer. También influyó que varios de los allanamientos que arrancaron desde el jueves a las 9 a. m. terminaron a las 2 de la madrugada (17 horas después).
La ruta 27 llega a ojos del Ministerio Público tras más de un año de denuncias sobre derrumbes e inconclusión de obras.
Al respecto, recientemente la Contraloría General de la República emitió un informe que señala fallas. También la Defensoría de los Habitantes había planteado una denuncia penal.
