El Ministerio Público acusó, el jueves, al exministro de Ambiente Roberto Dobles y a seis exfuncionarios más del Ministerio del Ambiente y Energía por dos delitos de prevaricato, relacionados con el fallido proyecto minero Crucitas.
Junto a Dobles, también están acusados Cinthya Cavallini, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales.
A todos se les señala por el delito de prevaricato, en el que se incurre al dictar resoluciones contrarias a la ley, o fundadas en hechos falsos.
La investigación se inició tras el fallo de noviembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión minera, alegando ilegalidades en las autorizaciones otorgadas por el Estado.
Ese mismo tribunal recomendó investigar la comisión de posibles delitos.
El fiscal general, Jorge Chavarría, explicó que a Dobles se le acusa debido a “comportamiento no ajustado a la correcta administración pública”, al ordenar en abril del 2008 la “conversión” de una resolución que había sido anulada por la Sala IV en el 2004, a fin de otorgar permisos de operación a la minera Industrias Infinito.
A Cinthya Cavallini y Sonia Espinoza se les imputa “por haber tenido participación como cómplices en la actuación del exministro”.
A Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales se les señala porque “conocieron y aprobaron en firme” cambios significativos en el proyecto, pese a que no existía el estudio de impacto ambiental requerido.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Fiscalía Agrario-Ambiental.
Reacción. Anoche se intentó obtener el criterio del exministro Dobles, pero no atendió los teléfonos registrados a su nombre.
En su lugar, su abogado, Laureano Castro, respondió por correo electrónico que desconocen la existencia de alguna acusación de la Fiscalía.
“Ya es costumbre del Ministerio Público hacer públicas sus pronunciamientos, sin conocimiento alguno de los imputados, por lo que nos resulta imposible referirnos a los detalles”, indicó Castro.
El abogado agregó que, en el caso Crucitas, su defendido actuó en apego al ordenamiento jurídico.
“Oportunamente vamos a demostrar que hay desconocimiento en la aplicación de la ley, tal y como ha sucedido en cientos de ocasiones en que pronunciamientos del Ministerio Público son revocados y rechazados por jueces de la República, y no por eso constituyen delitos tales requerimientos, no obstante todo el grave daño causado por tantos años y a tantos inocentes con acusaciones inadmisibles e improcedentes”, dijo el abogado.
Jorge Chavarría advirtió de que el caso Crucitas se dividió en dos partes, pues todavía se investigan posibles imputaciones contra el expresidente Óscar Arias y otros seis funcionarios de Setena.
Sobre Arias, Chavarría precisó que está a la espera de pruebas provenientes de Canadá.
“En relación con el expediente relativo al expresidente Arias y otras personas, no podemos acusarlo en este momento porque tenemos requerimientos probatorios que todavía no nos han llegado”. dijo Chavarría”.
El fiscal se refiere a una supuesta donación de $200.000 que una fundación canadiense –controlada por el dueño de Industrias Infinito– le habría ofrecido a la Fundación Arias. Colaboró la editora Irene Vizcaíno.