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OIJ debe verificar informes de auditoría del MEP

Fiscal analiza abrir causa por inflar matrícula de estudiantes

Actualizado el 25 de enero de 2013 a las 12:00 am

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Fiscal analiza abrir causa por inflar matrícula de estudiantes

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                         El fiscal general, Jorge Chavarría, reconoció que en este caso se requieren informes técnicos para verificar la información. | ARCHIVO
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El fiscal general, Jorge Chavarría, reconoció que en este caso se requieren informes técnicos para verificar la información. | ARCHIVO

El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, no descartó abrir una investigación sobre los directores de centros educativos que, al parecer, inflaron la matrícula para subirse el salario.

La semana pasada, trascendieron informes de la auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) que demuestran que en algunas escuelas y colegios se reportaban más estudiantes de los que realmente asistían a clases.

Con base en el reporte de la matrícula inicial se calcula el salario de los directores y ciertas ayudas económicas que reciben los centros como, por ejemplo, los comedores escolares.

“El problema en este caso es que se requieren informes técnicos, no es un hecho que se puede interpretar a la ligera. Se requieren informes técnicos concretamente de auditoría”, reconoció Chavarría ante consultas sobre este caso.

Por eso, el fiscal estudia la posibilidad de verificar los datos de la auditoría del MEP con personal judicial especializado.

“Nosotros lo que hacemos es que remitimos a la auditoría del Organismo de Investigación Judicial, la auditoría forense, para que ellos verifiquen la objetividad e imparcialidad de los hallazgos de la auditoría interna (del MEP) y, eventualmente con base en eso y con las recomendaciones que ellos dan, abrimos el caso y seguimos adelante”, declaró Chavarría.

Variaciones. El viernes anterior, el director de Planificación del MEP, Ricardo Vindas, confirmó que en las primarias analizadas se hallaron variaciones entre la matricula inicial y la auditada de hasta un 50%, mientras que en las secundarias la brecha alcanzó un 60%.

La estimación del Ministerio es que los datos inconsistentes habrían inducido a una inversión equivocada de poco más de ¢6.000 millones el año pasado.

Pese a que la investigación del MEP evidenció el destino erróneo de los fondos, el ministro del ramo, Leonardo Garnier, dijo que no llevarían el caso a la vía judicial.

El jerarca alegó que era difícil verificar que los hechos se cometieron con mala intención. Aun así, la Fiscalía podría actuar de oficio.

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Vanessa Loaiza N.

vloaiza@nacion.com

Editora digital

Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes. Actualmente se desempeña como Editora Web. 

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