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La escasez de soluciones convincentes y su prolongado retraso obligaron al retorno de quienes en el 2010 dejaron sus casas para huir del peligro de un deslizamiento, en Potrerillos del cantón de Acosta.
“Todos se vinieron, todos volvieron. Supuestamente iban a comprar una finca para hacer casas para nosotros, pero la gente se aburrió esperando”, explicó Ana Gabriela Campos, pobladora que regresó a la casa con sus perros.
Tras el primer desalojo, las familias alquilaron en otros sitios gracias a un subsidio temporal del IMAS. Sin embargo, como no hubo una solución definitiva, paulatinamente, han retornado a sus antiguas vivienda
La preocupación por el destino de estos vecinos renació el martes pasado cuando la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitió una nueva alerta ante la posibilidad de nuevos derrumbes en la zona y la necesidad de que las familias abandonen Potrerillos.
La misión incluye reubicar a 28 familias que, dos años después del deslizamiento, regresaron poco a poco al sitio donde vivían.
José María Murillo, funcionario del Ministerio de Salud, manifestó que desde el miércoles comenzaron con la labor de monitoreo para asegurarse de que nadie habite en la zona “roja” de riesgo.
“En la supervisión vemos todas las casitas. Si están cerradas, perfecto, pero si hay una familia que continúa en el área inhabitable, entonces coordinamos con la Municipalidad, con la Fuerza Pública y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ”, explicó Murillo.
Pero exigirles que desalojen es solo el primero de muchos retos en el proceso. Para hacerlo, los funcionarios deben tener un plan de contingencia y, así, reubicarlos.
Murillo admitió que concretar un plan de esa naturaleza no es simple ni mucho menos rápido, pues consta de varias etapas.
“Esas casas están declaradas inhabitables, pero hasta que no amarremos el asunto con el IMAS, no tenemos dónde ubicarlos, dónde ponerlos”, manifestó el funcionario del Ministerio.
Pronto. El alcalde de Acosta, Luis Alberto Durán, explicó que es difícil controlar a quienes vuelven al área de peligro. Aun así, aseguró que la solución radical al problema de viviendas está muy cerca.
Se trata de El Tablazo, un proyecto de la Municipalidad para reubicar a 110 familias que están en alto riesgo en el cantón de Acosta.
Según Durán, en el despacho municipal trabajan en el papeleo de esa obra desde hace un año, y solo falta un visto bueno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para que sea una realidad.
“No tenemos ningún problema con el proyecto que va a costar ¢2.400 millones. Ese recurso está protegido”, explicó Durán.
“Nos van a sacar de aquí para meternos en otro hueco igual, porque de Aserrí para acá no hay un lugar estable”, expresó Nuria Campos, vecina del lugar.
A pesar de la alerta de carácter “urgente” de la CNE, muchas de las familias que en teoría están obligadas a abandonar la zona más peligrosa, aún desconocen que tienen que hacerlo.
“Nosotros no sabemos nada; aquí ni la Comisión ni nadie llegó a decirnos nada, de que nos van a sacar otra vez”, comentó, con sorpresa, Ana Gabriela Campos.
Durán dijo que aún no les han informado porque “es muy difícil explicarles la situación”, y deben prepararlos antes de decirles que “su casa va a ser destruida”.
