EscucharCiudad Quesada.- Recostada a un muro frente a la sede local de Migración, con cara de profunda tristeza y sus tres pequeños niños pidiéndole comida, así estaba el viernes Yarlin Miranda Dávila.
Esta madre nicaraguense, casada con su compatriota Dimas Tajarquín, viajó a Ciudad Quesada desde Altamira de San Carlos en busca de ayuda económica para legalizar su permanencia en Costa Rica, país al que ingresó clandestinamente hace 13 años desde el departamento de Chontales.
Los Tajarquin Miranda viven hoy, según sus palabras, una situación angustiosa, desesperante...
Como no tienen documentos en regla, como la cédula de residencia o el pasaporte, desde hace 18 meses no consiguen un trabajo estable.
“A mi marido lo corrieron de una piñera hace tres años. y el administrador le dijo que, mientras no legalice su permanencia en Costa Rica, no lo puede contratar”
”En la misma situación estoy yo. Me echaron de una empacadora de yuca y tampoco estoy ganando para llevar arroz y frijoles a la casa”, explicó Miranda de 25 años.
Dice que, al no tener ingresos, no puede ni pensar en tramitar los documentos migratorios.
Detalla que necesitan ¢20.000, más el dinero para comer y para viajar a su patria a solicitar la constancia de nacimiento, por la que tendrían que pagar 80 córdobas.
Además me cobran $200 por el pasaporte y otros $32 por la visa. “Ni mi esposo ni yo tenemos ese dinero. Por eso me siento mal pues mis chavalitos me piden comida y hay días que apenas tengo agua con azúcar para darles”, precisó.
Mientras hablaba con La Nación , su niña de tres años le pedía leche y Yarlin solo atinó a responderle: “Mi hija esperemos a que Dios nos repare algo”.
Minutos después un curioso que se detuvo a escuchar la historia sacó de su bolsillo ¢6.000 y se los regaló. Con lágrimas de emoción Yerlin reaccionó diciendo: “Dios no me abandona”.
Su marido ingresó a Migración, planteó su problema y por única respuesta recibió fotocopia con la lista de requisitos para conseguir la residencia.
Dimas cuenta que casos como el suyo hay muchos en comunidades fronterizas de la zona norte. “Ya las empresas no quieren darnos trabajado para –según sus administradores– no comprarse problemas con la ley”.
