Escuelas y colegios mantienen sin uso dinero para arreglos

Mientras muchos estudiantes a lo largo del país reciben clases en salones comunales o en aulas con paredes rotas, en la caja única del Estado están guardados ¢51.000 millones para reparar o construir centros educativos.

Con ese dinero se podrían construir más de 3.900 aulas o 2.800 baterías sanitarias, según estimaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los recursos fueron girados por el MEP a las juntas de educación, en el caso de las escuelas, y a las juntas administrativas, para los colegios. El dinero se deprecia en sus cuentas y sin ganar intereses.

Por medio de las 3.598 juntas de educación y 579 administrativas, el MEP atiende programas de transporte escolar, comedores, infraestructura y compra de materiales didácticos o de limpieza.

Sin embargo, los fondos se desaprovechan, principalmente, por la falta de capacidad de gestión para invertirlos, según admitió Mario Mora, viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP.

El problema no es nuevo. En el 2007, un reportaje de La Nación denunció la existencia de ¢18.000 millones engavetados.

Dicha suma se triplicó en los últimos tres años porque, pese a la deficiente gestión de las juntas, el MEP aumentó el presupuesto para infraestructura educativa, el cual pasó de ¢6.500 millones en el 2006 a ¢25.000 millones para este año.

La otra causa de la acumulación de dinero es la falta de ejecución.

“Antes se giraban recursos atados a un fin específico y por atrasos ya ese dinero no era suficiente, por lo que al final no se utilizaba”, manifestó el viceministro Mora.

Mientras esto ocurre, el MEP calcula las necesidades en infraestructura educativa, incluidos gimnasios y canchas, en $1.000 millones (¢512.000 millones). El dinero que está ocioso en las cuentas de las juntas equivale al 10% de esa cifra.

Funciones. Para Héiner Méndez, de la Junta de Educación Morazán, que agrupa cinco escuelas de San José, la complicaciones surgen cuando no reciben el dinero suficiente para cubrir una obra.

“Cuando eso ocurre no se puede contratar, hay que esperar a completar los recursos. El problema es que el dinero se devalúa”, explicó.

A su juicio, las juntas requieren mayor autonomía del Gobierno al momento de girar los recursos.

Frente a ese clamor, desde el año pasado el MEP permite hacer contrataciones directas de obras nuevas o de mantenimiento por un monto menor a los ¢100 millones.

Con la medida, las juntas se ahorran trámites en el Ministerio, en San José, y se flexibiliza su gestión. La posibilidad ya la aprovecharon algunas instituciones.

“Estoy muy contenta porque pudimos construir un pabellón. Nosotros mismos conseguimos el ingeniero”, dijo Edith Gutiérrez, presidenta de la junta administrativa del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, Puntarenas.

Otro de los remedios que aplica el MEP es rastrear el destino de cada partida que fue girada a las juntas y que se quedó en la caja única. Así, se suman los recursos y los invierten en un nuevo proyecto para el mismo centro educativo.

“Estamos modificando el reglamento de juntas para tener un instrumento más expedito para el cambio de destino”, aseveró el viceministro Mora.

Asimismo, el MEP intenta solventar la falta de capacitación, pues la mayoría de miembros de las juntas son padres de familia sin conocimiento en procesos de contratación.

Otro lío frecuente que enfrentan las juntas es la búsqueda de terrenos aptos y a precios razonables. En ese apuro se encuentra el Liceo Pacto del Jocote, en Alajuela,

“El dinero para comprar el terreno está depositado, pero los precios son exagerados”, sostuvo la directora Ivette Acosta.

Mientras, las clases se imparten en un salón comunal.

Colaboró Francisco Barrantes.