Una empresa estadounidense dedicada a la prestación de servicios de Internet vía satélite presiona al país, debido al atraso de más de un año en el otorgamiento de frecuencias para operar aquí.
Se trata de la firma Datzap, la cual, amparada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE. UU.), reclama por la lenta respuesta a su solicitud para utilizar una banda satelital.
No obstante, el director general de Comercio Exterior, Federico Valerio, descartó que esto represente un riesgo para el país.
El funcionario dijo que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USTR) no les ha trasladado ninguna queja formal contra el país por parte de Datzap, aunque sí conocen de la preocupación que la compañía ha exteriorizado en esa nación.
“Nosotros tenemos conocimiento del caso porque ellos han venido aquí también, como vienen un montón de casos. Aquí se les explica que hay procedimientos legales que seguir”, aseguró.
Elías Soley, representante legal de la empresa en Costa Rica, dijo que desconocía si había formalizado alguna denuncia.
El trámite de la transnacional podría prolongarse por tres o cuatro meses más, según Valerio.
Junto a Dapzap, otras 12 empresas esperan una concesión para utilizar las ondas radioeléctricas que transmiten los satélites.
La lista incluye a Claro Costa Rica, Representaciones Televisivas Repretel, Tellecom Bell Consultores SRL y Satelital Web de Costa Rica, entre otras.
Las ondas que irradian sobre el país los satélites que están en órbita permiten dar servicios de Internet de banda ancha, televisión por suscripción, geolocalización (GPS) y telefonía móvil.
Además, hay aspectos regulatorios pendientes y trámites que deben coordinar con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Para obtener la frecuencia, las empresas hacen la solicitud ante el Minaet y esta entidad le pide un informe a la Sutel que deberá definir que técnicamente es válido y que no hay interferencias en la banda.
Con base en esos reportes, el Minaet da la concesión.
En estos casos, la Sutel aún no ha remitido los informes técnicos, dijo la viceministra, Hannia Vega.
Por su lado, Méndez explicó que ya enviaron al Minaet las recomendaciones para modificar el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF) y el reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones. Está pendiente una justificación adicional sobre las modificaciones al PNAF.
“Esperamos que a partir de la próxima semana podamos empezar a resolver caso por caso en función de esa propuesta”, dijo.
La funcionaria explicó que, como son frecuencias compartidas, se les dará una concesión directa.
Una vez legalizadas, las empresas estarán listas para operar y la Sutel les cobrará el canon de reserva del espectro. Esos recursos se destinan a monitorear el espectro para garantizar su adecuado uso.
De acuerdo con Méndez, otro tema en que deberán poner orden es el de los satélites geoestacionarios en órbita pues no hay un registro.
Sobre las implicaciones de carecer de esa inscripción, la jerarca explicó que desde el orden práctico, no las hay. “Desde el punto de vista formal y legal sí, porque tienen que estar registrados”, añadió.