La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) envió al Ministerio Público ocho casos de funcionarios que aprovecharon sus incapacidades por enfermedad, para viajar fuera del país.
Entre los trabajadores denunciados figuran empleados encargados de manejar maquinaria pesada, choferes de furgón, un supervisor de puerto y un instructor deportivo.
Según una investigación de la Administración Portuaria, estos ocho servidores tramitaron 36 incapacidades por enfermedad entre diciembre del 2004 y noviembre del 2010.
Las fechas de esas incapacidades coinciden con 35 viajes realizados por ellos fuera del país, a Guatemala, Panamá, Nicaragua y Estados Unidos.
Para confirmar las sospechas de las autoridades de Japdeva, la entidad cruzó los datos de incapacidades con los registros de la Dirección General Migración y Extranjería, la cual lleva un control de quienes salen y entran al país.
Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, confirmó que los expedientes se remitieron al Ministerio Público, ante solicitud expresa de esa entidad judicial.
Desde el 8 de diciembre, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga posibles irregularidades con la adjudicación de incapacidades en Japdeva.
Por ejemplo, al menos 47 empleados acumulan más de un año fuera de servicio, gracias a licencias por enfermedad.
El 10 de diciembre, Rosita Lemones, jefa de Recursos Humanos de Japdeva, cumplió con una exigencia del Ministerio Público, que le concedió tres días de plazo para entregar toda la información relacionada con este tema.
En el oficio DRH-967-10 se citan ocho nombres y se aclara que se abrieron procedimientos administrativos contra ellos en Japdeva.
Aunque
Además de los viajes, a otros dos funcionarios también se les indagará porque, al parecer, realizan otras actividades remuneradas durante sus incapacidades. Uno, por ejemplo, tiene una empresa de transporte turístico y el otro organiza excursiones fuera del país.
Allan Hidalgo sostiene que el reglamento de incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y un pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia establecen que esas licencias son para “tomar reposo” y no para “andar de viaje”.
En primera instancia, tiene que nombrarse un órgano director que está constituido, en partes iguales, por funcionarios de Japdeva y representantes del sindicato de los puertos de Limón y Moín.
Dicho órgano debe emitir una recomendación, que puede ir desde una suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal.
Si no hay acuerdo entre las partes, el caso se eleva a una segunda instancia, esta vez conformada por los jefes legales de Japdeva y el sindicato. Si aquí tampoco hay humo blanco, el último en dirimir es el presidente ejecutivo de la entidad.
El proceso puede extenderse por meses, admitió Hidalgo.