Dos diputados advirtieron a la Contraloría General de República (CGR) sobre los riesgos de refrendar el contrato de concesión de la terminal de contenedores de Moín en las condiciones en que se firmó.
Los legisladores Víctor Emilio Granados (PASE) y Manrique Oviedo (PAC) se presentaron ayer en la Contraloría a presentar el informe de la comisión que investiga la concesión de la compañía holandesa APM Terminals.
Wálter Céspedes (PUSC) también apoya las advertencias, pero ayer estuvo ausente en la reunión con la contralora general de la República, Rocío Aguilar.
Los diputados pidieron no refrendar el contrato de concesión de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) hasta que se resuelvan dos procesos judiciales pendientes.
Las dos demandas fueron interpuestas, meses atrás, por la Cámara Nacional de Bananeros y por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según Granados, existen razones legales para que no se refrende el contrato de concesión.
“Tenemos gran preocupación por lo que pueda ocurrir frente a los procesos judiciales que están pendientes en el Tribunal Contencioso Administrativo”, dijo.
Granados dijo que se podría declarar la nulidad de lo actuado en este contrato de concesión, si la Contraloría refrenda el convenio antes de que el Tribunal resuelva.
Por otro lado, Oviedo añadió que faltan estudios de impacto ambiental, económico y social.
“Es temerario refrendar el contrato tal como está planteado actualmente. De existir problemas en estos temas, el Estado tendrá la responsabilidad de asumir las obligaciones”, adujo el diputado.
“Es temprano para referirse al contrato, pero vamos a revisar el estudio de los diputados a fondo”, señaló Aguilar.
Víctor Hugo Víquez, diputado del Partido Liberación Nacional, contradijo a los legisladores de oposición y, más bien, abogó por un pronto refrendo del acuerdo.
“El costo económico y social del rezago en infraestructura portuaria es cada vez mayor en este país. Y, si no tenemos el dinero, el instrumento es la concesión de obra pública”, afirmó .
Por otro lado, Víquez dijo que los procesos judiciales pendientes no son un motivo para frenar el megaproyecto, además de que hay análisis públicos y privados que respaldan la construcción de la terminal en Limón.
“Esta concesión obedece a un plan maestro y a una empresa que indicó qué debía hacerse en el muelle de Moín y cómo”, explicó.
La construcción de la nueva terminal de contenedores costará $948 millones, y se estima que, de ser refrendada, entrará en operación en el año 2016.