San José (Redacción). Un vacío legal impide que el Estado fiscalice adecuadamente la educación privada.
Así reclamó esta tarde la defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum.
La deuda ya suma 20 años, pues en 1992 la Sala Constitucional señaló la urgencia de contar con regulación en este tema.
Según un comunicado emitido por la Defensoría, su dirección de Niñez y Adolescencia recibe reiteradas denuncias relacionadas con el contenido curricular, la permanencia o expulsión de los alumnos de los centros privados, entregas de notas y certificaciones, y cobros desproporcionados, entre otros.
“Estamos preocupados por las debilidades que hemos encontrado en centros de educación privada por parte del Ministerio de Educación Pública, que hace referencia únicamente a un reglamento. No hay una ley que indica cómo se deben regular las acciones de estos centros”, dijo Taitelbaum.
“Esto lesiona los derechos de niños, niñas y adolescentes en el abordaje de temas como la violencia”, agregó la defensora.