La Defensoría de los Habitantes señala serias debilidades en el aparato estatal costarricense, pues, según su criterio, ha fallado en erradicar la pobreza, mejorar la seguridad ciudadana y en hacer efectivos los derechos de poblaciones altamente vulnerables.
Las críticas están plasmadas en el Informe Anual de Labores que ayer entregó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.
El documento, dividido en decenas de apartados, distribuidos en 371 páginas, abarca también un resumen de las gestiones que ha realizado la Defensoría en los últimos 12 meses.
En cuanto a la erradicación de la pobreza, la Defensoría dice que la falta de eficacia en esa gestión queda en evidencia en el constante incumplimiento de la Ley N.° 7769 para la Atención de Mujeres en Condiciones de Pobreza.
“Los recursos existen; la ley está dada, la necesidad de la población es evidente y su atención es prioritaria, pero se mantiene sin una coordinación institucional eficaz”, señala el Informe.
De acuerdo con la Defensoría, las mujeres que viven en pobreza no reciben el incentivo económico que esa ley les otorga, por lo que dará seguimiento al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), que debe dar dichos recursos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Otras áreas. El Informe consigna conclusiones en diversos ámbitos de acción del Gobierno.
En el caso del programa Avancemos (becas a estudiantes de bajos recursos), la Defensoría dice que, pese a que el sistema ha sido una “valiosa iniciativa (...), se es consciente de que se requieren ajustes estructurales en los alcances y en su población meta”.
La manera en que el Gobierno aborda la seguridad ciudadana también se planteó en el Informe.
La defensora, Ofelia Taitelbaum, manifestó que, en cuanto a la Fuerza Pública, no se trata de “mandar un ejército de policías a las calles si no tienen muy claro qué deben hacer y no han recibido la capacitación adecuada para su desempeño”.
Agregó que “el país debe definir metas reales, que detengan la violencia estructural que está absorbiendo nuestra sociedad”.