Los grandes desastres naturales que golpearon el país entre 1988 y 2009 significaron pérdidas por $1.823 millones (en dólares constantes del 2006).
Esta fue la estimación que, por primera vez, realizó el Ministerio de Planificación (Mideplan).
Para tener una idea, con ese dinero se podrían construir y equipar 18 centros médicos como el nuevo hospital de Heredia. La cifra, también, es casi siete veces los ingresos con que contó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante todo el 2010.
Los cálculos ponen en mayúscula la urgencia de impulsar el sistema de gestión de riesgos que, aunque se incluyó como meta en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, comenzó a trazarse hasta el último trimestre del 2009.
Vanessa Rosales, presidenta de la Comisión de Emergencia (CNE), explicó que cuando ella asumió el cargo, en abril de 2009, se percató del incumplimiento por parte de la institución y desde entonces procura subsanarlo.
A la fecha, hay un documento denominado Plan Nacional de Gestión de Riesgos incorporado por el nuevo Gobierno entre las metas para el 2015.
Sin embargo, el camino aún es largo para hacer realidad las propuestas y Rosales no se atreve ni a pronosticar un plazo.
“El informe de Mideplan es un excelente instrumento para orientar sobre cuánto, en términos de desarrollo, le cuesta al país estarse recuperando de emergencias recurrentes”, añadió.
Además, debe asegurar que las obras que se construyan tras las emergencias no reproduzcan los problemas de vulnerabilidad.
Asimismo, que la inversión pública incorpore un análisis de riesgo, comparable con estudios de viabilidad financiera y ambiental.
“Lo que más cuesta es cambiar la mentalidad, sobre todo a nivel de gobiernos locales, hay mucho trabajo”, manifestó Rosales.
Con ese criterio, coincidió Miguel Gutiérrez, director del Programa Estado de la Nación.
A su juicio, es preocupante que pese a las emergencias que enfrenta el país, las municipalidades aún no utilicen los mapas de “riesgos manifiestos” al momento de otorgar permisos de construcción.
Según el XVI
Juan Rafael Marín, ministro de Descentralización, reconoce la dificultad pero también señala razones. Según él, la ausencia de planes reguladores facilita la edificación de casas en lugares inseguros.
De los 31 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), solo 19 tienen ese instrumento, aunque en algunos no abarca todo el cantón o están muy desactualizados.
Aparte de incluir la gestión de riesgos dentro de las metas de desarrollo de su gobierno, la presidenta Laura Chinchilla se comprometió públicamente a incorporar los criterios de prevención en las obras de emergencia.
Esos serían los primeros pasos para realizar el cambio, estimó.
En atención a esa orden, Francisco Jiménez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes secundó el compromiso.
“Tengo que atender taludes y alcantarillas para reducir el riesgo. Si hoy tengo una alcantarilla corrugada de 1,40 metros (de diámetro), entonces la duplico, para evitar nuevos colapsos”, adelantó.
Así se pronunciaron, mientras el país intenta reponerse de los efectos de la tormenta