La exigencia de la Sala Constitucional de que las escuchas telefónicas para esclarecer ciertos hechos delictivos debe estar a cargo exclusivamente de los jueces, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Poder Judicial.
Las intervenciones telefónicas pueden obligar a los jueces a permanecer días y noches enteras escuchando las comunicaciones, lo cual complica las otras labores asignadas a esos funcionarios.
Esta exigencia, a la vez, impide que los jueces pueden cumplir con todas las solicitudes de intervención hechas por los investigadores.
El magistrado presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, explicó que están buscando alternativas para adoptar un sistema más eficiente en el que, siempre con autorización y supervisión de un juez, se puedan delegar algunas funciones en personal de apoyo.
“Dichos cambios dependerían de un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional, que es en última instancia la que nos dice cuándo y hasta dónde deben ser protegidos los derechos fundamentales de las personas”, dijo.
La Sala Constitucional estableció, hace diez años, que la escucha solo la podía realizar el juez.
Arroyo señaló que la Comisión de Asuntos Penales de la Corte hará una propuesta a la Sala Constitucional para que revise el asunto.
Agregó que “puede replantearse el tema a la luz de los cambios de los últimos tiempos”, básicamente con el fin de que “no necesariamente tenga que ser un juez el que 24 horas escuche las comunicaciones de los investigados”.
Por su parte, Jorge Rojas, director del OIJ, afirmó que las intervenciones telefónicas no se han incrementado porque no está la plataforma requerida para que el proceso sea expedito, pero la demanda de la herramienta sí es mayor.
“Los jueces tienen muchas funciones y las escuchas telefónicas les quitan demasiado tiempo. Conocemos muchos casos donde los jueces, por no comprometer su tiempo libre o lo que sea, deniegan la solicitud”, agregó Rojas.