En menos de cuatro meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará las audiencias por el caso contra el Estado costarricense debido a la prohibición aquí de la fecundación in vitro (FIV).
Los debates se realizarán entre el 3 y 7 de setiembre durante el 96.° período de sesiones ordinarias de la Corte, confirmaron ayer los abogados de los demandantes.
El máximo tribunal continental deberá determinar si Costa Rica violó “derechos humanos fundamentales” –tal como alegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– cuando desde el año 2000 se prohibió aquí el método de reproducción humana asistida.
Boris Molina, representante de uno de los grupos de demandantes, explicó que, luego de las audiencias, todas las partes –parejas, Estado y la Comisión– tendrán 15 días para presentar sus conclusiones en forma escrita.
Se estima que la Corte Interamericana dictará sentencia antes de que finalice este año, debido a que dicho organismo variará su panel de jueces en el 2013, y “la práctica de la Corte es que los jueces que empezaron un caso, lo terminen”, explicó Hubert May, defensor de seis de los 18 demandantes.
La defensa del Estado la presentó la Procuraduría General de la República, que a la fecha no ha revelado los alegatos que se presentaron ante la Corte.
Las audiencias se realizarán en la sede de la Corte, ubicada en San Pedro de Montes de Oca.
Previamente a la definición de las fechas del juicio, se especulaba que este sería fuera de Costa Rica, lo cual no ocurrirá.
El caso. La discusión por la fecundación in vitro se remonta al año 2000, cuando la Sala IV emitió un fallo que vetó la técnica médica en laboratorio para lograr embarazos.
Un año después, diez parejas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, EE. UU.
Luego, en el 2010, la Comisión rindió un informe en el que se señala que Costa Rica violó “derechos humanos fundamentales” cuando se prohibió aquí la FIV.
La Comisión insistió en que se aprobara una ley que permitiera el método in vitro. Eso no ocurrió y en el 2011 llevó el caso a la Corte.