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(Mayela_Lopez)
Corregir las deficiencias en los elevadores de la torre empresarial La Sabana, adquirida por el ICE a mediados del año anterior, significará una inversión de unos $2 millones (¢1.000 millones).
Ese es el costo de colocar cuatro ascensores adicionales que requiere el inmueble para garantizar el transporte eficiente de los 1.282 empleados que la ocupan.
La instalación de los equipos y los trabajos complementarios serán cubiertos por el Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario del Banco de Costa Rica (BCR), convino ese ente con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Por ahora, el inmueble, de 16 pisos, solo tiene cuatro elevadores (uno era panorámico y debió ser reinstalado), lo cual obliga a los empleados a esperar hasta 30 minutos para desplazarse en el edificio.
La situación es más compleja durante las horas pico, cuando se da el ingreso y salida del personal.
De acuerdo con la organización de trabajadores Antec, las deficiencias del edificio han obligado al ICE a tomar medidas como desalojar personal, modificar horarios y firmar aceleradamente contratos de teletrabajo “para encubrir la grave situación de transporte vertical”.
La torre adquirida por el ICE en $50 millones (¢25.500 millones) incumple el Reglamento de construcciones, concretamente, la norma técnica sobre tráfico vertical.
Según esa reglamentación, en torres de más de cuatro pisos los elevadores deben ser capaces de transportar 12% del personal en un lapso de no más de cinco minutos.
La poca capacidad de los ascensores para transportar a todo el personal fue advertida en múltiples ocasiones por los sindicatos que, además, cuestionaban el proceso de contratación.
Los jerarcas de la entidad negaron, en aquel momento, la existencia de las fallas, y el 15 de junio del 2010 ejecutaron la opción de compra del inmueble.
La decisión final fue tomada por Eduardo Doryan, quien para ese momento cumplía poco más de un mes como presidente del ICE.
El mismo día de la entrega, y al no encontrar deficiencia alguna, el ICE dio la recepción definitiva.
Así quedó sellado un negocio que se venía gestando desde agosto del 2009 cuando la entidad, dirigida en aquel entonces por Pedro Pablo Quirós, contrató en forma directa el arrendamiento con opción de compra de la torre al Fondo de Desarrollo Inmobiliario del BCR.
No obstante, en una entrevista con
Cuestionado sobre por qué se pasaron por alto estas alertas, dijo: “Viera qué interesante, cuando llegamos estaban listos todos los informes suscritos por profesionales que señalaban que eso estaba en muy buenas condiciones”.
Se excluyen daños o perjuicios por falla de los actuales elevadores, problemas en la instalación o funcionamiento de los nuevos o los originados por vicios ocultos.
Los problemas del edificio han llegado hasta los pasillos legislativos, y el diputado socialcristiano Luis Fishman le pidió a la Contraloría General de la República investigar por qué el ICE lo recibió con esas deficiencias.
El ente contralor confirmó que indaga asuntos relacionados con la adquisición del inmueble.
Por otra parte, respecto a la implementación de las medidas correctivas en los ascensores, Álvaro Camacho, gerente general de BCR Safi, dijo que están en el diseño y elaboración de los planos definitivos, y atribuyó el atraso al proceso de contratación del proveedor que instalará los ascensores. Esos trabajos tardarán entre 12 y 14 meses.
Respecto al impacto de la inversión de los elevadores en el Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario, el BCR informó de que dicho fondo tuvo un rendimiento promedio anualizado del 10,97%.
Cifras de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) reportan rendimientos promedio del 7,3% para fondos inmobiliarios.
