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Oas cobrará en la General Cañas y Naranjo

Concesionaria se adueñará de peajes al iniciar obras

Actualizado el 12 de abril de 2013 a las 12:00 am

Estado dejará de percibir ¢100 millones que ha usado Conavi para reparar las vías

Brasileños deberán mantener las tarifas actuales hasta que avancen los trabajos

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Concesionaria se adueñará de peajes al iniciar obras

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                         Vecinos de Palmares, opuestos a la concesión, bloquearon ayer la carretera  Bernardo Soto. | PABLO MONTIEL PARA LN
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Vecinos de Palmares, opuestos a la concesión, bloquearon ayer la carretera Bernardo Soto. | PABLO MONTIEL PARA LN

Con solo dar orden de inicio a las obras para la ampliación de la vía entre San José y San Ramón, el Estado debe ceder el cobro actual en la estaciones de peajes de la autopista General Cañas y de la carretera Bernardo Soto, en Naranjo, a la concesionaria de dicha vía.

Al decidirlo así, se dejarán de recaudar al menos ¢100 millones mensuales que pasan hoy las arcas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por aquel concepto.

La empresa brasileña OAS, entonces, empezará a recibir ingresos sin haber concluido ni una sola obra de ampliación de la vía de 58 kilómetros de longitud.

Según establece el contrato de concesión, “el concesionario se encargará del cobro de las tarifas de peaje a partir del momento que la Administración entregue la orden de inicio para los trabajos”.

Edwin Rodríguez, secretario de Concesiones, dijo que, “de salir todo bien”, a finales de setiembre se le daría la orden de comienzo y la empresa empezaría a cobrar.

“Claro, deben presentar el plan de obras y se debe confirmar el refrendo de la Contraloría. Con todo eso resuelto, se le daría la orden de inicio a finales de setiembre, de salir todo bien”, agregó.

Entre tanto, Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, indicó que el derecho de la concesionaria a cobrar responde a los términos contractuales que se negociaron, los cuales buscan disminuir los costos de los nuevos peajes. “La concesionaria, al tomar los dos peajes de una vez, es básicamente para reducir un poco los costos de los peajes posteriores y es un ingreso que ellos van a usar en mantenimiento de la mismas carreteras”, según el funcionario.

El contrato de concesión establece que no se puede suspender el cobro de peajes mientras la constructora desarrolla las obras.

“Hay riesgo de que los usuarios, luego de un periodo de suspensión del peaje, tengan menor aceptación hacia las nuevas tarifas, lo que podría perjudicar los ingresos de la concesión”, dice el documento.

Eso sí, OAS no podrá aumentar el monto que se cobra hoy en esos puntos, que para carros livianos es de ¢75 en la autopista General Cañas y de ¢150 en la carretera Bernardo Soto, cerca de Naranjo.

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Paul Brenes, líder del grupo de vecinos de San Ramón que se opone a la concesión, exteriorizó su malestar por ese punto del contrato.

“Esto es una evidencia más de que este contrato está negociado para beneficiar a la empresa”, afirmó. “Esos son los detalles que estamos evidenciando para que la presidenta de la República escuche lo que le está diciendo el pueblo”.

Dineros del Conavi. José Luis Salas, director del Conavi, aseveró que los montos que hoy generan ambos peajes no alcanzan para hacer reparaciones a las vías, por lo que esa entidad no sentiría un golpe financiero por dejar de percibir tal entrada.

“Lo que pasa es que los ingresos son tan mínimos que nosotros tenemos más bien que usar el fondo vial para darles mantenimiento a las carreteras. Imagínese que una vía recauda ¢50 millones al mes, y una reparación de 450 metros vale ¢600 millones”, indicó Salas.

Unos 90.000 carros pasan por día en General Cañas y una cantidad similar en la Bernardo Soto. El Estado quedaría solo con los peajes en ruta 32 y la Florencio del Castillo.

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