Los trámites “no eficientes y oportunos” de la Gerencia de Logística de la CCSS permiten que transcurran hasta casi tres años y medio para que se dé el inicio al proceso de sanción contra un proveedor que incumplió en la entrega de medicamentos.
Esa falta de “oportunidad” para establecer penalizaciones hace que la entidad quede en una posición de desventaja a la hora de “establecer reclamos de responsabilidades por los presuntos daños y perjuicios” en su contra.
Así lo establece un reciente informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en relación con fallas y anomalías en los procesos de compra de medicinas.
Según el análisis realizado, el plazo que toman los órganos técnicos de Logística para iniciar el trámite de una sanción va de 85 a 1.221 días naturales.
El ejemplo más claro fue una licitación del año 2007 otorgada a la firma Chemo CA S. A. para la compra de Colestiramina Resina, un fármaco utilizado para la reducción de niveles altos de colesterol en la sangre.
En dicho caso, el fin de la ejecución contractual se dio el 5 de noviembre del 2008, pero no fue hasta el 18 de agosto del 2011 cuando apenas se hizo el traslado de la sanción al órgano director. Para ello pasaron tres años y cuatro meses.
En su informe, la auditoría analiza 11 trámites de penalización.
Aunque se halló que el proceso que llevó mas tiempo consumió 1.221 días, hubo otros casos en que pasaron 1.045, 1.028 o 428 días.
Así ocurre, por ejemplo, con el establecimiento de una sanción a un proveedor que está pendiente desde el 11 de diciembre del 2008; es decir, que al mes de abril, cuando se hizo informe, la espera para la sanción llegaba ya a 35 meses.
Una situación similar quedó palpable en otros 10 casos analizados y en donde las justificaciones han sido desde la falta de cuantificación del daño a la Caja hasta el no haber notificado de los cargos en su contra a los proveedores.
En total, la auditoría identificó 83 procesos de sanción entre 2009 y 2011, “de los cuales 76 fueron declarados sin mérito o falta de interés actual o directo y 7 sancionados con un apercibimiento o inhabilitación”, menciona el informe.
De los 76 procesos en que no se generó una sanción, se determinó que al menos 58 se iniciaron por retrasos de hasta 30 días en la entrega de medicamentos. Los restantes 18 trámites de penalización se debieron a atrasos en la entrega de producto que superaron los 30 días.
En los casos evidenciados –dice la auditoría– “se presentó un riesgo significativo para los asegurados, como lo fue no disponer oportunamente de medicamentos para combatir problemas renales, coagulación, psiquiátricos, así como algunos antibióticos o morfina para el dolor en pacientes con males complejos o terminales”.