El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitó un incremento del 7,28% en las tarifas de sus 500.000 abonados.
La petición fue presentada el miércoles ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual aún analizaba ayer si le otorga admisibilidad.
El incremento afectaría las tarifas por suministro de agua y el servicio de alcantarillado sanitario.
De acuerdo con la propuesta, las viviendas metropolitanas con un consumo básico– de 1 a 15 m³ de líquido por mes– tendrían que pagar ¢1.676 adicionales en su factura.
En este caso, el recibo por el servicio de agua y acueducto aumentaría de ¢5.015 a ¢.6691.
Entre tanto, el costo por metro cúbico por encima del consumo básico pasaría de ¢432 a ¢610 (¢178 adicionales). Tal precio se aplica a consumos de entre 16 m³ y 25 m³.
Así, una familia que gaste 24 m³ de líquido al mes verá incrementada la tarifa en ¢3.276. Su recibo pasaría de ¢8.903 a ¢12.181, sin incluir el servicio de alcantarillado.
A mediados del año anterior, el entonces presidente ejecutivo de AyA, Óscar Núñez, advirtió que esa entidad requería un ajuste de un 110% para garantizar el suministro en los próximos años.
Un ajuste de esa magnitud le permitiría a la institución tener los ingresos necesarios para atender el rezago en infraestructura, que ronda los $1.800 millones (¢918.000 millones). Esa entidad está en deuda con sus propias inversiones desde hace 25 años.
Asimismo, en octubre anterior la Aresep advirtió de un deterioro en las cuentas de esa entidad.
A junio del 2011, los gastos del AyA habían crecido en un 11% respecto al mismo período del año anterior, mientras los ingresos solo crecieron un 4%.
No obstante, en diciembre la nueva jerarca de la institución, Yessenia Calderón, manifestó que la entidad concluía el año con sus finanzas “sanas”.
En la solicitud presentada esta semana, el AyA justificó que requiere los ingresos tarifarios para desarrollar inversiones en agua potable y planes de saneamiento de ese recurso entre este año y el 2016.
Ayer se intentó conocer el criterio de la jerarca, pero al cierre de edición no había contestado.
Si el ente regulador le da trámite a la solicitud, las nuevas tarifas regirían en unos tres meses.