La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) endureció la normativa para autorizar torres celulares en las zonas de influencia de los aeropuertos del país.
El subdirector de esa entidad, Álvaro Vargas, reconoció que en el pasado se otorgaron permisos para radiobases u otras estructuras en sitios aledaños a los aeródromos “quizás” sin el fundamento u análisis requerido.
Eso cambió desde noviembre del 2010, cuando la entidad designó a un grupo técnico para atender las solicitudes y se estandarizaron los trámites para ajustarlos a las normas internacionales de seguridad en las terminales aéreas.
Por esa razón, algunos operadores celulares o empresas de torres que en el pasado habían obtenido autorización para instalar las estructuras en determinados lugares, ahora se les deniega.
Muchos de esos permisos requieren renovación por parte de Aviación Civil, porque pasaron más de un año esperando el permiso municipal y ya están vencidos.
El cambio de las reglas ha generado disgusto entre las compañías que ya habían invertido en los sitios autorizados.
“Sí es cierto que algunos criterios que se habían emitido anteriormente fueron revisados y se ajustaron a la normas que están establecidas”, reconoció Vargas.
El funcionario alegó que como en el pasado se otorgaron permisos con otros criterios, están dispuestos a sentarse con los operadores celulares u otros afectados para revisar cada caso.
“La idea es ver de qué manera no afectamos esa inversión, pero sí tenemos que cumplir las normas internacionales sobre la seguridad en las zonas adyacentes al aeropuerto”, aseguró.
De acuerdo con DGAC, todas las torres o edificaciones ubicadas en el área de influencia del aeropuerto (en un radio de 15 kilómetros) deben contar con un estudio técnico y aval de la entidad.
Entre las zonas más problemáticas por su cercanía con el aeropuerto Juan Santamaría están Alajuela, Río Segundo, Barva y Santa Bárbara de Heredia.