El costo de ampliar la carretera San José - San Ramón se triplicó en los últimos 70 meses por atrasos en expropiaciones y por la incapacidad de Autopistas del Valle de conseguir un préstamo para financiar la obra.
Esta concesionaria –constituida por los mismos socios de San José - Caldera– asumió el proyecto en abril del 2005, cuando la obra costaba $197 millones.
Hoy, casi seis años después, la vía de 59 kilómetros aumentó a $552 millones, confirmó Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En todo este tiempo Autopistas del Valle recurrió a bancos en España, Portugal, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, pero no no obtuvo los recursos suficientes. “El proyecto San José-San Ramón (en manos de Autopistas del Valle) está en cuidados intensivos”, dijo el Ministro en entrevista con
En el 2006, un año después de otorgado el contrato, la concesionaria alegó que había atrasos en las expropiaciones y que sin esos terrenos no había garantías para que los bancos prestaran fondos.
Luego, en el 2009, arguyó que la crisis financiera internacional afectaba el negocio y los créditos.
En este momento, la principal arteria costarricense para el comercio centroamericano continúa sin carriles adicionales y en evidente deterioro.
Autopistas del Valle es un grupo conformado por las empresas españolas FCC Construcción e Itinere Infraestructura, la portuguesa Soares Da Costa Concessões y la costarricense Corporación M & S Internacional.
El lunes se intentó obtener la versión del concesionario, pero su gerente, Cristian Sandoval, declinó responder preguntas concretas.
En su defecto, envió un escueto correo: “La Administración concedente (el Estado) no ha cumplido con su obligación contractual de entregar los terrenos al concesionario, ya que aún no se han podido concretar las expropiaciones de terreno y los reasentamientos. Esta situación impacta de forma directa en la posibilidad de avanzar en el proceso de la concesión”.
De los $552 millones que cuesta el plan (¢280.968 millones), la concesionaria cobró $180 millones por seguros de administración, costos legales y financieros. Jiménez calificó esa cifra como inaceptable.
En abril, la empresa alegó una vez más que no podía firmar un préstamo porque los posibles financistas exigían un cronograma de las expropiaciones que el Gobierno no había completado en el trayecto de 59 kilómetros.
Pese al ultimátum, nueve meses después no hay dinero, ni nueva carretera, ni se ha cumplido lo que establece el contrato de concesión.
Ese documento le da potestad a Concesiones de iniciar un finiquito anticipado del trato cuando la firma concesionaria incumple con uno de los requisitos precedentes.
Entre esas condiciones, contar con dinero para las obras.
Francisco Jiménez alegó que si no han finiquitado el contrato es porque todavía no han resuelto cuál es la mejor solución.
La primera alternativa es rescindir el contrato y asumir la obra por cuenta del Estado. Sin embargo, Costa Rica no cuenta con $552 millones para hacerla.
La otra posibilidad es llegar a un acuerdo con Autopistas del Valle para que esta le ceda sus derechos de concesión a un tercero que sí tenga el dinero y la capacidad técnica para ampliar la vía.
Jiménez reconoció que hay firmas extranjeras interesadas.
Insistió en que las expropiaciones pendientes no justifican un atraso en el arranque de los trabajos. Según manifestó, únicamente falta comprar 38 terrenos privados, que estarían en manos del Estado el próximo mes.
Esas expropiaciones representan apenas el 24% de los 160 terrenos adquiridos desde el 2006, especificó Edwin Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional de Concesiones.
De esta forma, para marzo también debería estar resuelto el futuro del proyecto, que es urgente para esta carretera, ya sea que lo concrete el Estado o que lo asuman otras empresas.