La cantidad de menores de edad embarazadas, o madres que necesitan protección especial del PANI, obliga a esa entidad a fijarse como meta la ampliación de un albergue en El Coyol de Alajuela.
Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dijo que están a las puertas de firmar un convenio para habilitar nuevas habitaciones, sala cuna y talleres de capacitación en La Posada de Belén, de la Iglesia católica.
En este refugio viven ahora 90 personas (45 adolescentes y sus bebés), de las 105 que atiende el PANI en todo el país.
Allí reciben formación en distintas áreas, como belleza y atención en una veterinaria o restaurante, para que más adelante tengan un oficio que les genere ingresos para subsistir.
Sin embargo, el Patronato se propuso habilitar 172 espacios más para otras jóvenes mamás y sus hijos que también están en grave riesgo, para lo cual invertirá ¢1.500 millones, afirmó Hernández.
Esas muchachas viven en hogares conflictivos, donde están en peligro de ser agredidas.
También corren el riesgo de caer en drogadicción o explotación sexual comercial, e incluso tener un segundo embarazo muy pronto, lo cual las dejaría en una mayor situación de indefensión.
Por eso, no es suficiente con darles una beca mensual o atención psicológica, pues requieren salir de sus hogares.
“La idea es tener a la madre adolescente para que no tengan un segundo embarazo y darles un proyecto de vida. Se vale apostar a un desarrollo integral con diferentes actores, a fin de sacarlas adelante.
”En la medida en que no les demos herramientas para un proyecto de vida, seguirán en riesgo”, explicó Hernández.
Las autoridades del PANI todavía no tienen claro cuánto tiempo les demorará ampliar La Posada de Belén.
Hernández indicó que, después de que se firme el convenio, deben definir la modalidad que utilizarán para hacer la obra.
Una opción es realizarla mediante un fideicomiso, en el que el PANI aportará todo el dinero.
La ventaja de este sistema es que la entidad financiera que administre los fondos tiene más flexibilidad para ejecutar la obra.
Otro camino es hacerlo mediante una contratación administrativa, que debe someterse a refrendo y luego tener el aval de la Contraloría General de la República.