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Contraloría le ordenó dejar cargo 15 días por caso de catastro

Araya hará último intento para evitar suspensión como alcalde

Actualizado el 12 de enero de 2013 a las 12:00 am

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Araya hará último intento para evitar suspensión como alcalde

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Johnny Araya, alcalde de San José, hará un último intento en los estrados judiciales para librarse de una suspensión de 15 días que le impuso la Contraloría General de la República (CGR), en el 2010.

El virtual candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó ayer que esta semana presentó una impugnación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso.

La Contraloría investigó a siete funcionarios del municipio josefino por la contratación de un sistema informático para catastro, por la suma de $2 millones.

En una resolución del 16 de diciembre del 2010, la División Jurídica de la Contraloría declaró a Araya “responsable administrativamente por actuación dolosa de los hechos relacionados con la autorización de egresos por montos superiores a los autorizados por el ordenamiento jurídico”.

Debido a ello, se le impuso la suspensión de 15 días.

En el 2011, el alcalde presentó un recurso contra la resolución del ente contralor ante el Tribunal Contencioso, el cual fue rechazado el 10 de diciembre de 2012.

Ahora, el jerarca municipal se juega su última carta en el Tribunal de Apelaciones.

Opuesto. El alcalde sostuvo ayer que existen dos razones de peso para oponerse a la suspensión.

La primera, dijo, es que ninguna legislación establece la posibilidad de suspender a un alcalde, y, la segunda, según él, es que no había razón para castigarlo.

“Es arbitrario e injustificado, no hay irregularidad (...). La Contraloría no puede sancionar por suspensiones, en materia disciplinaria la ley tiene que ser taxativa.

”Los alcaldes pueden ser destituidos o perder las credenciales por un juez, y no existe taxativa en el Código”, aseveró.

Araya sostuvo que fue sancionado por realizar pagos que habían sido aprobados por el Concejo, de ahí que rechazó cualquier anomalía. Tales erogaciones se hicieron como parte de un proyecto para actualizar el valor de las propiedades del cantón josefino.

“No solo se trata de que no corresponde aplicarme la sanción porque no existe, sino porque me interesa defender que la pretensión es injustificada”, puntualizó el alcalde.

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