13Agosto2010 12pm Instalaciones del COSEVI, La Uruca. Unidad de impugnaciones de la Polica de Trnsito. /Juliana Barquero para LN (Juliana Barquero)
La cantidad de impugnaciones contra las multas de Tránsito se disparó desde que la Sala IV acogió una acción de inconstitucionalidad contra el proceso de apelación.
Según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), desde setiembre del 2010 (cuando la Sala acogió la acción) y hasta la fecha hay 80.906 boletas impugnadas y sin resolver.
Héctor Monge, director del Cosevi, explicó que esta cantidad de impugnaciones equivale a ¢14.189 millones sin cobrar en multas y 20.000 pares de placas devueltas a conductores que cometieron imprudencias en carretera.
Desde el 22 de setiembre del 2010, la Sala Constitucional acogió una acción presentada por la Federación Nacional de Porteadores (Fenapo), en contra de los artículos 152 y 153 de la ley de tránsito.
Yuribeth Méndez, presidenta de Fenapo, alegó que las resoluciones dictadas por las Unidades de Impugnación del Cosevi no pueden ser recurridas en una instancia superior, porque la ley no lo dispuso.
Desde entonces, las 10 unidades de Impugnación, distribuidas por todo el país, reciben los reclamos de los conductores, pero no las pueden resolver hasta que la Sala disponga si el procedimiento es ilegal o no.
Antes de que se interpusiera la acción en la Sala IV, solo se impugnaba el 8% de las multas de Tránsito; ahora ronda el 20%, confirmó Héctor Monge.
“Se corrió la voz de que usted impugna la boleta, le devuelven las placas y no paga aunque haya cometido una infracción en flagrancia, aunque a usted lo pescaran hablando por celular, sin Riteve, sin licencia o alcoholizada. ¿Qué apelación hay para eso?”, criticó Monge.
Por eso, la imposibilidad de cobrar ¢14.000 millones en multas le impide desarrollar proyectos de seguridad vial en escuelas y colegios, invertir en demarcación vial o comprar equipos para la vigilancia de los oficiales de Tránsito.
“No tengo recursos para comprar cámaras e instalarlas en las patrullas, para vigilar el accionar de los oficiales de Tránsito”, explicó Monge.
Los magistrados de la Sala Constitucional no tienen un plazo máximo para resolver la acción de inconstitucionalidad.
El caso se tramita desde hace siete meses bajo el expediente 10-012558-0007-CO y ya se pronunciaron la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Héctor Monge prefirió no especular sobre los posibles fallos de la Sala IV, aunque reconoció que analizan seis posibles resultados.
Entre ellos, que la Sala IV mantenga en pie el proceso de impugnación, que da 10 hábiles para que el conductor presente la apelación y otros 10 días para que la Unidad de Impugnaciones resuelva.
“Si eso pasa, en 10 días no vamos a poder resolver 81.000 impugnaciones (solo tienen 35 abogados), tendríamos que cerrar el Cosevi todo un año, solo para atender impugnaciones”, advirtió.