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Prohíbe terraceo de terreno, división de lotes y construcciones en zona protegida

Tribunal Ambiental pone freno a casas en cerros de La Carpintera

Actualizado el 19 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Ordena ‘patrullaje’ a Municipalidad y a Sinac para parar daño al ambiente y al agua

Unas 100 familias dividieron área en parcelas y levantaron casas sin permiso

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Tribunal Ambiental pone freno a casas en cerros de La Carpintera

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En el sector noreste de la zona protectora de los cerros de La Carpintera, en La Unión de Cartago, se segregaron lotes más pequeños de lo permitido y se levantaron construcciones ilegales. | CARLOS BORBÓN

En los cerros de La Carpintera, en La Unión de Cartago, no deberá levantarse ni una casa más ni segregarse más lotes.

Esa fue la orden dada ayer por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) en un intento por frenar el deterioro causado en el sector noreste de esa zona protegida. Ahí, el terreno fue dividido en 64 parcelas que están en manos de 47 propietarios.

La medida cautelar alcanza a la Municipalidad de La Unión, que quedó impedida de otorgar permisos de construcción para esa área.

Además, el Ayuntamiento deberá consultar a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la legalidad de las segregaciones realizadas y la posibilidad de demoler los inmuebles.

Por su parte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tiene la instrucción de amojonar los terrenos protegidos. Allí no podrá continuar el terraceo, la fragmentación ni ninguna obra constructiva.

Ambos, el municipio y el Sinac, realizarán algo parecido a “patrullajes ambientales”, de los cuales brindarán informes cada mes.

Entre tanto, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) efectuará un estudio para determinar la fragilidad del recurso hídrico.

Las medidas fueron anunciadas este jueves por José Lino Chaves, presidente del TAA.

100 familias. La zona protectora de La Carpintera abarca 2.396 hectáreas y el 95% es propiedad privada.

El sector conocido como Los Camachones, en el caserío Calle Mesén (distrito de San Diego) es el que genera mayor preocupación.

“En este sector se ha venido lotificando un área de aproximadamente siete hectáreas, con parcelas de 103 m², 200 m², 500 m² y 1.000 m², así como otros tamaños, irrespetando la indicación de que las parcelas no deben medir menos de 5.000 metros cuadrados en terrenos de zona protectora y vocación forestal”, explicó Chaves.

Según Lidia Garita, vicealcaldesa de La Unión, comenzaron a recibir gestiones en el 2011, cuando había cinco viviendas y ahora hay más de 100. Como se trata de construcciones sin permisos, aquí no se brindan servicios como el de recolección de basura.

Garita aclaró que la Municipalidad no puede actuar contra las construcciones ya establecidas en vista de que son propiedades privadas. En este momento, estudia posibles medidas jurídicas.

Estos lotes fueron vendidos bajo la figura de derechos de propiedad, pues, por la condición de la zona, no se pueden otorgar títulos de propiedad y registrarlos.

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“Conocimos casos de gente que paga ¢6 millones y ¢7 millones por un lote para construir, con la promesa de un plano que no se va a dar”, añadió Chaves.

Luis Quirós, director de la oficina subregional del Sinac, en Cartago, advirtió además de que esta población está en alto riesgo por tratarse de suelos inestables donde pasan fallas geológicas y hay posibilidad de deslaves.

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Patricia Recio

arecio@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección digital de La Nación. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

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