TSE castiga con el pago de ¢6,3 millones a guarda de seguridad por sustraer papeletas

Los magistrados encontraron lo encontraron culpable, después de revisar sus movimientos en los videos de seguridad de la imprenta R&R Donnelley, encargada de la producción del material electoral.

Álvarez había sido enviado a las instalaciones de esa compañía en Santo Domingo de Heredia, para cuidar las papeletas durante su elaboración.

El monto cobrado es el dinero que el Tribunal invirtió en la colocación de dispositivos de seguridad adicionales en las papeletas, tales como las marcas de color y el sello ultravioleta, para garantizar que eran fidedignas.

"La acción de esta persona generó una lesión al Tribunal, un gasto extra y ahora debe pagar porque existe una responsabilidad civil", expresó el letrado del TSE, Andrei Cambronero.

El funcionario agregó que la resolución está en firme, ya que Álvarez Jiménez no recusó.

"Si no cumple con la sanción, el Tribunal acudirá a la vía judicial para hacer efectivo el cobro", dijo Cambronero.

La resolución del 18 de diciembre del 2014 (que es confidencial), además ordenó prescindir de los servicios de Álvarez Jiménez y girar la instrucción al departamento de Recursos Humanos para que se abstenga de volver a contratarlo.

"El funcionario tenía una plaza temporal y lo que se acordó fue no renovarle el nombramiento", aseguró el letrado.

Los magistrados tomaron esas decisiones después de analizar un informe con los hallazgos y los resultados de la investigación hecha por el Departamento de Inspección Electoral.

De acuerdo con Cambronero, el Tribunal no entró a valorar las razones por las cuales Álvarez Jiménez sustrajo el material electoral, debido a que el análisis solo consistió en determinar que hubo un hecho doloso y una persona a la cual se podía imputar.

En total fueron tres papeletas las que se hurtaron, que por su numeración, eran de una junta electoral de Liberia, Guanacaste.

Sin concluir. Este caso todavía está bajo estudio de otra dependencia del TSE, de la Dirección de Registro Electoral, para determinar si hubo una violación al Código Electoral.

Aunado a ello, la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José aun no concluye la investigación contra Álvarez Jiménez, a quien se le atribuye el supuesto delito de incumplimiento de deberes, por el cual podría enfrentar una pena de inhabilitación para ocupar cargos en el Estado, de uno a cuatro años.

A mediados de marzo del 2014, oficiales de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público inspeccionaron las instalaciones de la imprenta como parte de las pesquisas penales.