Nacional

Grupos proponer crear comisión de la verdad para registrar amenazas

Sube presión ante impunidad por muerte de ecologistas como Jairo Mora

Actualizado el 31 de julio de 2013 a las 12:00 am

Promotores ven pertinencia de foro tras muerte del joven Jairo Mora, en Limón

Activistas plantean iniciativa al Minae y a la Defensoría de los Habitantes

Nacional

Sube presión ante impunidad por muerte de ecologistas como Jairo Mora

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

This picture loads on non-supporting browsers.
La idea de crear la comisión de la verdad nació a partir de la muerte del ambientalista Jairo Mora, en playa Moín, de Limón. | ALBERT MARÍN/ARCHIVO

9.114 personas firmaron la petición que clama justicia para Jairo Mora en seaturtles.org

La muerte de Jairo Mora, que cumple hoy dos meses sin explicaciones, llevó a un grupo de ambientalistas a plantear la pertinencia de crear una comisión de la verdad.

El foro sería un órgano que estaría adscrito a una institución o ministerio, y su objetivo sería llevar un registro sistemático de amenazas contra personas cuya labor está enfocada en la protección de los recursos naturales.

“Y hasta donde sea posible, evitar la impunidad”, destacó Jorge Polimeni, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), quien es uno de los impulsores de la iniciativa.

A la fecha, y según Polimeni, se contabilizan nueve muertes de ambientalistas e innumerables atentados contra voluntarios, personal de organizaciones no gubernamentales, guardaparques e incluso funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo.

La iniciativa se le presentó al Ministerio del Ambiente (Minae) en el marco de la reunión sostenida entre el ministro René Castro y grupos ambientalistas, tras la muerte de Mora, ocurrida el 31 de mayo, en Moín, Limón.

“Estamos evaluándola, porque no entendemos jurídicamente muy bien qué se pretende”, manifestó Castro, quien agregó: “Pero nos parece una propuesta interesante”.

Seguimiento. Para Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), el registro sistemático de amenazas permitiría establecer modos de operación de grupos como cazadores, hueveros y taladores para evitar que los atentados contra ambientalistas pasen por delitos comunes.

“Permitiría ver si el sistema judicial los trató como casos inconexos por no tener relación con lo que las personas hacían”, manifestó Álvarez.

Álvarez y Polimeni coincidieron que previo y posterior a un atentado suelen darse amenazas verbales.

“Es una práctica que se da y uno de los objetivos de la comisión de la verdad sería tratar de comprender cómo se propician estas amenazas para tratar de controlarlas”, dijo Polimeni.

“La idea es que estas cosas pasen menos. La gente más vulnerable es la que ha muerto, y muchos eran activistas comunales que no tenían acceso a medios para denunciar. Eran personas que estaban amenazadas y corrían riesgos, sobre todo por el enfrentamiento directo con cazadores o hueveros, pero se sabía poco”, agregó Álvarez.

PUBLICIDAD

Además, la comisión de la verdad promovería entre guardaparques, ambientalistas y voluntarios una cultura para interponer denuncias ante los organismos pertinentes para así lograr protección y crear un precedente judicial.

“En el caso de Aquiles Rivera, activista de la zona sur, se pudieron establecer medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló Álvarez.

Aunque la propuesta se le presentó al Minae, Polimeni dijo que también realizan trámites para informar a la Defensoría de los Habitantes.

“Lo que queremos es que a la gente le sea más sencillo ir a poner una denuncia a la oficina regional para que no tenga que venir hasta San José”, comentó Polimeni.

Otras medidas. Mientras estudia la viabilidad de la propuesta, Minae analiza otras medidas.

“Estamos revisando, en conjunto con Seguridad Pública, si los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) –voluntarios debidamente identificados– serían una forma de actuar con un mínimo de protección, porque existiría claridad en la autoridad, póliza de riesgos y entrenamiento”, destacó el ministro Castro.

Otra opción está orientada a permitir el comanejo en áreas silvestres protegidas. De esta manera, grupos comunales –bajo la figura de contratación de servicios no esenciales– asumirían funciones que hoy están a cargo de guardaparques, pero que podrían delegarse como cocina, venta de tiquetes, atención a turistas, limpieza y mantenimiento de senderos.

“Eso nos permitiría recuperar un número importante de plazas de guardaparques para control y vigilancia”, dijo Castro.

“Calculo que eso nos permitiría recuperar un 20% de las plazas, porque lo que no es delegable es la autoridad”, destacó el jerarca.

El ministro afirmó que se trabaja en el diseño de un plan a largo plazo que permita subir el número de plazas destinadas a guardaparques. Hoy el faltante es de 1.200 .

  • Comparta este artículo
Nacional

Sube presión ante impunidad por muerte de ecologistas como Jairo Mora

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Michelle Soto M.

msoto@nacion.com

Periodista de Ambiente

Redactora en la sección Aldea Global. Periodista graduada en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas ambientales. Recibió los premios Innovación para el Desarrollo Sostenible (2011) y Periodismo Agrícola y Desarrollo Rural (2012).

Ver comentarios
Regresar a la nota