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Magistrados condenan a Incofer

Sala IV anula suspensión de funcionario por dar declaraciones a la prensa

Actualizado el 18 de agosto de 2016 a las 06:00 pm

Instituto sancionó a empleado por hablar sobre deficiencias en el mantenimiento de trenes

Magistrados señalan que sanción violenta la libertad de expresión

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Sala IV anula suspensión de funcionario por dar declaraciones a la prensa

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Vagones sobrecargados en el tren entre Heredia y San José la mañana de este jueves 9 de junio. (John Durán)

La Sala IV anuló la suspensión por cinco días sin goce de salario que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)  impuso al jefe de talleres, por dar declaraciones a la prensa sobre deficiencias en el mantenimiento de los trenes Apolo.

Los magistrados concluyeron que la medida contra el funcionario Javier Moreira Cajina, dictada en el mes de abril, vulneró la libertad de expresión y el derecho a la información.

De acuerdo con el Incofer, Moreira irrespetó la vocería establecida por el Instituto para atender las consultas de los medios de comunicación al expresar, a Noticias Repretel, el pasado 4 de diciembre, que no contaban con repuestos para reparar los ferrocarriles y eso los obligaba a "reciclar" piezas o "buscarlas en la chatarra". 

Los problemas señalados por Moreira están incluidos en un informe que él elaboró para la Junta Directiva de Incofer, en 2015.

El documento expone que la disponibilidad de equipos viene en caída libre desde enero del 2014. En ese mes, los 13 equipos trabajaron el 99% de los días requeridos, mientras que año y medio después, en junio del 2015, el rendimiento bajó a 68%.

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El fallo del tribunal constitucional expone que "las declaraciones rendidas al medio de comunicación versan sobre un informe preparado por el mismo amparado, y que ya había sido presentado ante el presidente ejecutivo de la institución desde hacía siete meses atrás, por lo que desde entonces el mismo ya revestía un carácter público".

"(...) El amparado vertió una opinión, punto de vista o una apreciación sobre el futuro del servicio y la eventual salida de operaciones de los trenes, por el problema de la falta de repuestos; también calificó la conducta de la Administración como pasiva y falta de interés de los responsables de manejar el asunto. Tales opiniones críticas y expresiones de pensamiento, sobre el actuar de las autoridades superiores del Incofer, y sobre el futuro del servicio de trenes, son de exclusiva cuenta del amparado; revelan su opinión personal, quedando cobijadas por su libertad de expresión", agrega la sentencia.

Las autoridades judiciales también declararon que no existen pruebas para demostrar que Moreira abandonó sus labores para atender al noticiero y tampoco que filtró documentos de la entidad a un grupo de diputados.

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Defensa. María Fernanda Arias, vocera del Incofer, afirmó que no se cometió un error en este caso y tampoco se actuó de manera prematura.

Arias añadió que la sanción contra el jefe de talleres no estaba en firme y por esa razón no se le habían rebajado los días.

Además, señaló que luego de conocer la orden de la Sala Constitucional dejaron sin efecto el procedimiento administrativo que se le seguía.

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"Lo que querían era aplicarme una ley mordaza para que con mi caso se aleccionara a otros funcionarios y evitar que se hable de los problemas de la institución", dijo Moreira este miércoles, al ser consultado por La Nación. 

El Incofer también fue condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos.

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Diego Bosque G.

diego.bosque@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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