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Sala IV emite fallo que da giro a defensa de derechos de familia

Actualizado el 01 de febrero de 2010 a las 12:00 am

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San José (Redacción). La Sala IV emitió un fallo que da un giro en los procedimientos de la defensa de los derechos de familia: está obligando a los defensores públicos a asumir este tipo de casos.

Actualmente, los defensores públicos solo llevan casos penales, mientras que las personas que reclaman asuntos de familia, como pensiones o un divorcio, deben acudir a contratar y pagar un abogado privado.

Sin embargo, una mujer presentó un recurso de amparo ante los magistrados de la Sala Constitucional donde alegó que no tiene recursos económicos para divorciarse, lo cual le urge pues está por tener un hijo de un hombre que no es su marido.

Ella acudió a los defensores públicos para ejecutar el divorcio pero se le negó esa atención.

Su plan es separarse lo más pronto para evitar que el hijo sea reconocido de oficio por su marido dentro del matrimonio.

Los magistrados le declararon sin lugar el recurso en la intención de la mujer de que le apliquen el divorcio.

“El Alto Tribunal Constitucional rechazó de plano el recurso, sin embargo señaló a la recurrente que puede acudir ante la Defensa Pública para hacer valer sus derechos en materia de Familia”, informó el Poder Judicial.

El voto 2009-12 604 puntualizó que “…en cuanto a los hechos reclamados por la amparada, se le indica que por imperativo de ley la Defensa Pública se encuentra en la obligación de dar asistencia legal gratuita a aquellas personas que pretendan hacer valer sus derechos en materia de familia, y que no cuenten con los recursos económicos necesarios –según lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código de Familia-, por lo que puede acudir ante dicha institución para tales efectos”,

La amparada argumentó que en su caso se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Paternidad Responsable, pues de lo contrario en un futuro sería necesario plantear un reclamo judicial de impugnación de paternidad del menor.

Además señaló que de no acogerse su pretensión corre el riesgo de que el Ministerio Público le acuse penalmente por infringir el proceso de inscripción, según lo dispuesto en el artículo 182 inciso c) del Código Penal.

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“La Sala Constitucional destacó la obligación legal de la Defensa Pública en brindar dicha asistencia gratuita a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos necesarios para hacer valer sus derechos en familia”, informó hoy el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

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