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Admitió acción de inconstitucionalidad para su estudio

Sala IV analiza legalidad de aumento a clase gerencial y magistrados del Poder Judicial

Actualizado el 25 de septiembre de 2017 a las 07:52 pm

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La Corte aprobó, en 2008, un plus gerencial que implicó un aumento salarial para 46 funcionarios, entre ellos los 22 magistrados. (Diana Méndez.)

Cinco meses después de presentada una acción de inconstitucionalidad contra el aumento salarial de la clase gerencial del Poder Judicial, los magistrados de la Sala Constitucional admitieron para estudio el reclamo.

El anuncio lo hizo la oficina de prensa de ese tribunal este lunes por la tarde, luego de que en abril de este año, los jueces Silvia Arce y Armando Elizondo Mata interpusieran la acción bajo el reclamo de que la Corte Plena aprobó, entre el 2008 y el 2010, "un incremento salarial totalmente injusto y desproporcionado".

El aumento al que los jueces se refieren se generó cuando, en agosto del 2008, se creó un plus salarial en el Poder Judicial que benefició a 46 puestos gerenciales, entre ellos los 22 magistrados de los cuatro máximos tribunales de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la argumentación que se lee en la acción interpuesta por los magistrados y apoyada por varios legisladores, ese plus implicó aumentos para los funcionarios "gerenciales" que van desde los ¢8.000 hasta los ¢455.600, o sea aumentos de hasta un 57,6% en algunos salarios.

El reclamo que hacen los accionantes establece que, además, en noviembre del 2010, ese "plus gerencial" creado en el 2008 se adicionó a los salarios base de los respectivos funcionarios, lo que implicó que se recalcularan todos los demás pluses sobre un nuevo monto de la base salarial y tuvo un efecto multiplicador.

"Solo en lo que respecta a los incrementos en el salario base mensual, se dieron aumentos de entre un 12,18% hasta un 65,67%. Además, el efecto multiplicador también se presenta en lo que se refiere a aguinaldo, vacaciones, incapacidades, cargas sociales, cesantía y pensiones", reclaman los accionantes.

En junio pasado, los diputado Patricia Mora y Edgardo Araya, del Frente Amplio; así como Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron una coadyuvancia de la acción presentada por Arce y Elizondo.

Tanto los jueces como los diputados solicitaron, además, que los magistrados de la Sala Constitucional se recusen de conocer el asunto en cuestión, puesto que son funcionarios en propiedad que conociendo de una acción de inconstitucionalidad que afectaría sus propios salarios.

Los jueces que presentaron la acción de inconstitucionalidad alegan, además, que la decisión de crear el plus gerencial refleja "desproporcionalidad, trato desigual y uso abusivo de los recursos públicos".

"Los actos referidos benefician a un selecto grupo del Poder Judicial, perjudican la Hacienda pública y afectan negativamente a todas las personas que debemos financiar estos privilegios con impuestos directos e indirectos, todo sin ninguna evidencia de que haya mejorado la eficiencia y calidad del servicio público de administración de justicia", manifestaron los jueces Arce y Elizondo en su reclamo.

A pesar de que se anunció la admisión para estudio de la acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional aún no indica si sus miembros se abstendrán de conocer el reclamo ellos mismos, para delegar su conocimiento en manos de una conformación de suplentes de ese tribunal.

Los magistrados que participaron en la votación de la admisión de esa acción fueron Ernesto Jinesta, como presidente de la Sala, Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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