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Registro de armas subió ante mayores controles

Actualizado el 22 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Pese a que ya no se importan tantas armas de fuego como antes, la inscripción de estos artefactos ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos aumentó un 63% en los últimos dos años.

El 2011 marcó la diferencia. Ese año se inscribieron en el país 5.004 armas, la mayoría pistolas.

También aumentó el registro de carabinas, rifles y revólveres. Y fue el año en que más escopetas se inscribieron desde el 2006.

Estas son de uso común por los agentes de seguridad privada.

Allan Guillén, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Privada, cree que esto obedeció, en parte, a los controles establecidos a partir de ese año por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad.

“En el 2011 entró un nuevo director y todo se puso más rígido, con controles y lineamientos que obligaron a las empresas a organizarse mejor y ponerse al día. Hubo que inscribir armas o realizar traspasos que se traducen en inscripciones nuevas”, dijo Guillén.

El nuevo director al que se refiere Guillén era Andrés Olsen, quien asumió la Dirección de Servicios de Seguridad Privada en setiembre del 2011, y se mantuvo en el cargo hasta mayo del 2013.

Consultado por La Nación sobre su labor, Olsen dijo que solo aplicó la Ley, con operativos mediante ayuda de la Fuerza Pública para detectar incumplimientos de las empresas o los agentes privados y decomisar armas sin inscribir.

“Las instrucciones que recibí de mi jefe en aquel momento fueron muy simples: ‘aplique la Ley’. Esa aplicación significó la apertura de varios procedimientos que incluían cancelaciones de permisos”, recordó Olsen.

Días antes de que Olsen asumiera el puesto, el 1.° de setiembre del 2011, dos funcionarios de la Dirección fueron detenidos como sospechosos de cobrar dinero por registrar agentes en el sistema, aunque no cumplieran los requisitos

Una de las medidas que se tomaron en ese momento fue evitar que el tramitador de la empresa privada tuviera contacto directo con los funcionarios públicos que registran los datos en el sistema, para no facilitar actos de corrupción.

“Fue algo tan fácil como agarrar la normativa vigente y aplicarla”, manifestó Olsen.

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