San José
La Defensoría de los Habitantes anunció que identificó un nuevo conflicto de intereses en el proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Moín.
Según la entidad, adscrita a la Asamblea Legislativa, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) no debió contratar a la empresa australiana WorleyParsons para realizar la validación del estudio de factibilidad del proyecto.
Ese proceso lo realizó la empresa china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (Hqcec).
La Defensoría detectó que la compañía australiana fue vinculada dentro de la negociación del contrato de ingeniería básica detallada y el de supervisión de ingeniería, procura y construcción, lo cual, concluyó configura el conflicto de intereses.
“La existencia de ese eventual conflicto pone en tela de duda la confiabilidad (sic.) hecha por WorleyParsons, dado que la empresa ya no era ajena al resultado de la validación del estudio de factibilidad que realizó”, dio a conocer la Defensoría este viernes.
El contrato con el consorcio australiano, continuó la Defensoría, violentó el acuerdo de “Empresa Conjunta”, que establecía que la empresa supervisora debería ser un tercero independiente y no relacionado ni con Recope, ni con la empresa estatal China National Petroleum Comporation (Cnpc), socia de la entidad autónoma en el proyecto de Moín.
Precios de combustibles, una incógnita. La Defensoría de los Habitantes investigó los pormenores del proyecto de refinería conjunta con China a raíz de una denuncia que presentó un ciudadano.
En su queja, el denunciante planteó el tema de la rentabilidad que tendría Recope como empresa responsable de la operación de la refinería.
El estudio permitió a la Defensoría concluir que el proyecto “no ha sido evaluado desde la perspectiva país, ni del usuario final de combustibles”.
La entidad dirigida por Ofelia Taitelbaum determinó, además, que el estudio de factibilidad del proyecto, realizado por la compañía Hqcec no contempló una evaluación financiera para Recope.
“Asimismo, no se encontró una evaluación de tipo económico ni social propiamente dicha, a pesar del alegado beneficio para el consumidor que se materializaría en un menor precio de los combustibles a nivel interno. Por ello, no es posible, al día de hoy, determinar si los precios internos de los combustibles efectivamente tendrán una disminución importante de concretarse el proyecto”, concluyó la Defensoría.
También se determinó que el proyecto no garantiza la generación de los ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación y pago de la cuota de arrendamiento a China, por lo que de presentar un escenario de precios internacionales del petróleo desfavorables, “el ajuste se trasladaría directamente al precio de venta (de combustibles) al consumidor”, afirmó la entidad encargada de recibir las quejas del pueblo contra la administración pública.
Finalmente, la Defensoría sostiene que si el Gobierno desea seguir adelante con el proyecto de refinería conjunta con China, deberá acatar algunas recomendaciones, como realizar una evaluación financiera del proyecto, exclusiva para Recope, y contratar a empresas externas independientes para realizar los estudios de factibilidad y viabilidad técnica.
Además se recomienda al Gobierno que, si el resultado de la evaluación financiara para Recope determina que el proyecto no es socialmente rentable para el país, se suspenda la realización de la obra y se ordene el archivo del proyecto, independientemente si los números sí son positivos para la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco), empresa conjunta que crearon Cnpc y Recope para impulsar el plan.
Contraloría debe investigar. Adicionalmente la Defensoría recomendó a la Contraloría General de la República (CGR), que valore investigar si funcionarios de Recope advirtieron en algún momento sobre el conflicto de intereses que la propia Contraloría detectó en la contratación de Hqcec, ligada a Cnpc, para realizar el estudio de factibilidad del proyecto, con el objetivo de sentar eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales de los miembros de la Junta Directiva de Recope.
También se solicitó determinar si el uso de recursos públicos realizado por Soresco se realizó de acuerdo con los principios de contratación administrativa, así como identificar si esos gastos pueden aprovecharse en un nuevo proyecto de ampliación y mejora de la refinería de Moín.
En el mismo momento en que la CGR dejó en coma el proyecto de refinería con China, en junio pasado, el entonces presidente ejecutivo de Recope, Jorge Villalobos Clare, presentó su renuncia.
La Naciónintentó conocer el criterio del actual presidente ejecutivo de la autónoma, Litleton Bolton, sobre las conclusiones de la Defensoría de los Habitantes.
No obstante, no fue posible ubicarlo a través de su encargada de prensa.
El proyecto de refinería conjunta con China tiene un costo de $1.500 millones, de los cuales $900 serían financiados con una línea de crédito otorgada por el gobierno chino.
Recope estima que la refinería produciría 60.000 barriles diarios de combustible.
Unos 10.000 contenedores serían vendidos como excedente a otros países de la región pues el consumo diario de combustible en el país está estimado en 50.000 barriles.