Por separado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) pidieron la separación temporal del cargo del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez.
Ambas solicitudes se discutirán durante una sesión privada de la Corte Plena, esta tarde, según confirmó el magistrado presidente.
Por vía telefónica, Chinchilla confirmó que él elevó la petición de suspensión para Gamboa ante la Corte Plena, en conjunto con la gestión de los sindicalistas, para la separación del cargo temporalmente.
El magistrado presidente explicó que la suspensión sería por tres meses, inicialmente, y que luego se puede prorrogar por todo el tiempo que sea necesaria.
"Yo no podría entrar a analizar los motivos (para solicitar la suspensión), porque están en un ámbito propio del secreto del expediente, pero hay muchos que la prensa ha tenido, por ejemplo estos últimos de los viajes pagados con una misma tarjeta de crédito y los dos asientos a la vez, son cuestiones de este tipo que no se pueden ocultar y que salen públicamente", comentó Chinchilla a La Nación.
El presidente del Poder Judicial añadió que, inicialmente, el Sindijud solicita la aplicación de medidas y que él aporta un informe adicional, donde hace un recuento de "todo lo que tenemos en la causa" y las razones por las que él, ahora, también solicitó la separación de Gamboa.
"Es el momento de tomar medidas más claras, más directas, que tienen que ser importantes. Es una situación en la cual está inmerso no solo el Poder Judicial, sino todo el país; yo creo que no son medidas emocionales, son medidas jurídicas acordes con lo que está sucediendo en este momento", apuntó Chinchilla.
El magistrado presidente añadió que, al aplicar esta medida, la Corte Plena no está juzgando nada por adelantado ni diciendo que "una cosa al final se va a representar con otra", sino que la medida de suspensión es la adecuada para la situación actual.
Precisamente, esta mañana trascendió que los tiquetes aéreos mediante los cuales viajaron a Panamá el magistrado Celso Gamboa y el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en octubre del 2016, se compraron con la misma tarjeta de crédito. Así lo dio a conocer este miércoles el diario digital CRHoy.
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En el caso de la solicitud de Sindijud, Jorge Luis Morales, secretario general, explicó que presentaron su gestión desde finales de setiembre, para respetar el debido proceso.
"Esa es la medida cautelar que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. A finales de setiembre, consideramos que ya se configuraban las circunstancias necesarias para la suspensión, por los hechos denunciados en la prensa y que consideramos perfectamente verificables", dijo Morales.
El sindicalista afirmó que les preocupaba que la Corte Plena le estaba dando largas al asunto y no se definía, por escrito, cuándo se iba a conocer la solicitud de separación que ellos hicieron.
"Es de lo mejor que le puede pasar a este país, que las cosas sigan el trámite legal e institucional establecido y que poco a poco la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en los organismos establecidos. No se trata de que se vayan personas, sino que nos demos cuenta de la necesidad de reestructurar la forma en que estas personas han llegado a puestos de poder", dijo Morales en referencia a la forma en que se eligen magistrados y jerarcas en el Ministerio Público.
"El ambiente que se percibe dentro de la institución es de mucho temor. Hay mucha desazón, son sentimientos que se perciben en el ambiente y hay frustración porque se sabe que la mayoría de los empleados judiciales hemos pasado por un sistema de selección muy riguroso y, por lo general, hacemos nuestras funciones con la más alta honorabilidad, pero cuando pasa esto, uno entiende el común de la gente que cuestiona absolutamente a todos los empleados judiciales, uno sufre el efecto el psicológico de ese cuestionamiento y da dolor", recalcó el sindicalista.
En el caso del fiscal general, los sindicalistas se dan por satisfechos con la suspensión de Jorge Chavarría por tres meses.
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Sobre Justo Pastor López, letrado del magistrado Gamboa, el dirigente sindical afirmó que las investigaciones que realiza el Tribunal de la Inspección Judicial deben ser darse a profundidad, pero lo más rápido posible.
El 26 de setiembre pasado, el exfiscal de Delitos Económicos Frankarlo Pessoa reveló, ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, que el letrado de Gamboa lo llamó en más de cinco ocasiones para preguntarle sobre una causa judicial que él llevaba contra el exgerente del Banco de Costa Rica (BCR) Guillermo Quesada.
Quesada es investigado en la causa judicial que Pessoa dirigió hasta hace cuatro meses, por cinco hechos distintos, incluida una supuesta violación al secreto bancario en el caso de la línea de crédito por $30 millones, otorgados por el BCR a la empresa Sinocem, del empresario Juan Carlos Bolaños, para traer cemento al país proveniente de China.