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$906.000 que recibió de exasesor de Alcatel

PLN condiciona ver caso de Figueres a proceso judicial

Tribunal de Ética determinó que causa no prescribirá a la espera de un fallo

Fiscalía investiga al exmandatario pero aún no ha dado ningún informe

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    José María Figueres gobernó de 1994 a 1998. Luego dirigió el Foro Económico Mundial, al que debió  renunciar por cuestionamientos aquí.  | ARCHIVO
José María Figueres gobernó de 1994 a 1998. Luego dirigió el Foro Económico Mundial, al que debió renunciar por cuestionamientos aquí. | ARCHIVO ampliar

El Partido Liberación Nacional (PLN) esperará los resultados de las pesquisas judiciales que se le siguen al expresidente José María Figueres para decidir si lo separa o no de esa agrupación política.

Desde el 2004, la Fiscalía inició una investigación contra el exmandatario por el pago de $906.000 que recibió entre el 2000 y 2003 desde una empresa de un exasesor suyo contratada por la firma francesa Alcatel.

El dinero se lo giró H. F. Desarrollos Interdisciplinarios, del politólogo, Roberto Hidalgo, la cual recibió , en total, $2,7 millones por tres contratos con Alcatel.

Según el exmandatario (1994-1998), los $906.000 se lo pagaron por una asesoría en "promoción de tecnología de telecomunicaciones".

En noviembre del 2004, ante la Fiscalía, Rafael Medaglia, abogado de Hidalgo, dijo que Alcatel pretendía volver a ocupar una posición de privilegio en el campo telefónico, por lo que firmó tres contratos con Hidalgo, en los cuales se establecía el pago de porcentajes si la empresa lograba aumentar las ventas.

Medaglia agregó que éste subcontrató a sus amigos, la filóloga Carmen Valverde (exdiputada y exsecretaria general del PLN) y a Figueres, con quienes acordó distribuir en terceras partes el "posible ingreso de dineros".

A la fecha, Figueres no ha venido al país para dar explicaciones a la Fiscalía, al Congreso y al PLN.

Desde Suiza, donde vive, envió documentos que conoció el Directorio Político y luego remitió al Tribunal de Ética. Esa instancia decidió dejar el caso en suspenso a la espera de un eventual fallo judicial.

Según Francisco Aguilar, presidente del Tribunal de Ética liberacionista, la principal razón es que la investigación judicial es el mayor insumo del proceso interno.

"Un Tribunal de Ética puede suspender por dos o cuatro años, pero resulta que después, en los Tribunales, la persona es condenada. Ante esa situación el estatuto nos hubiera obligado a expulsar, pero ya quedamos atados", explicó.

Tanto Aguilar como el presidente del PLN, Francisco Antonio Pacheco, aseguraron que el proceso no prescribirá. "La prescripción existe, pero quedó interrumpida porque la moral no prescribe", dijo Aguilar.

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Noticia La Nación: PLN condiciona ver caso de Figueres a proceso judicial