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PLN señala a ministro de la Presidencia como responsable por cobro indebido

Subjefe de fracción del PAC pide al Gobierno suspender polémico pago a viceministra

Actualizado el 22 de febrero de 2017 a las 07:16 pm

Debates siguen encendidos en el plenario legislativo por el caso de Ana Gabriel Zúñiga, quien habría cobrado erróneamente ¢30,1 millones de una remuneración que al parecer no le corresponde

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Diputados del PLN señalan al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, como el responsable de suspender los pagos supuestamente indebidos a su viceministra Ana Gabriel Zúñiga. (Cortesía de Casa Presidencial.)

El debate político por presuntos pagos indebidos a tres viceministras del gobierno no se apaga en la Asamblea Legislativa, donde al PAC le ha tocado recibir palo por tres días seguidos, principalmente desde las curules del frente, las liberacionistas.

Este miércoles, al calor de esta discusión cada vez más caliente, el subjefe de la fracción legislativa del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, aseguró que él mismo le pidió a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, suspender el giro del incentivo por prohibición a Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de esa cartera.

El diputado le trató de responder  todos los reclamos que le llegaban a su partido desde la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), donde Ronny Monge, Juan Marín y Karla Prendas acusaron al Gobierno de corrupción.

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"Con la responsabilidad de ser diputado del PAC, le pido al señor presidente que proceda, o al ministro de la Presidencia, que se proceda a suspender los pagos que hoy están en incertidumbre, que se proceda desde la Casa Presidencial a hacer la consulta a los entes que corresponda y que se aclare esta incertidumbre que hoy vive el país", dijo Corella desde su curul.

El caso no se apaga desde que, el lunes, el sitio web elmundo.cr informó de que Zúñiga ha recibido, durante los 33 meses que tiene en su cargo, un pago de ¢846.722 mensuales por prohibición para ejercer liberalmente su profesión, pese a que no cumple los requisitos para ello.

Por el momento, la solicitud del diputado no parece haber calado en el ministro de la Presidencia, pues ayer en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, Zúñiga defendió a capa y espada el pago que recibe y se fue de vacaciones a partir de este miércoles, aún con el incentivo en su coletilla salarial.

El subjefe del PAC también le dijo al PLN que, a diferencia de otros partidos, el PAC y su bancada "siempre se ha pronunciado en los casos en que hay dudas sobre asuntos éticos".

Aunque Juan Marín celebró lo dicho por Corella, le recordó a que la viceministra niega haber cobrado indebidamente y le enfatizó que, en media polémica, se fue de vacaciones por dos semanas.

"No le pida al presidente de la República que investigue, sino que le dejen ¢500 colones en cada cuenta para ver si pueden recuperar algo de lo pagado de más", dijo Marín.

A la par de Corella, los verdiblancos atacaron con más dureza al también oficialista Marco Vinicio Redondo, a quien señalaron por defender al Gobierno al alegar que "no hay corrupción" en los casos de las tres viceministras, porque afirma que se reconoció el error y "hubo enmienda".

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Además del caso más fresco, el de Zúñiga, antes sucedió lo mismo con Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, y Ana Cristina Trejos, de Vivienda. En sus casos, ya están pagando lo devengado de más. Entre las tres, sumarían unos ¢50 millones por recibir el incentivo por prohibición, sin tener títulos universitarios.

Mientras sucedía esta discusión en el plenario, el presidente legislativo en ejercicio, el libertario José Alberto Alfaro, y la primera secretaria del Directorio, Marta Arauz, solo eran testigos de los choques y le daban alternativamente la palabra a Corella, a Monge, a Redondo y a Marín.

Más tarde en la sesión plenaria se unieron Karla Prendas y el frenteamplista Gerardo Vargas Varela, quien pese a la cercanía de su partido con la fracción de gobierno, también atacó la decisión de no frenar los pagos a Zúñiga.

Vargas Varela, le dijo a Marco Redondo que "hacerle daño a la democracia" no es debatir sobre los pagos a la viceministra Zúñiga en el plenario, sino que el verdadero daño está en los nombramientos que ha hecho recientemente a Aida Faigenzicht para un puesto en la Unesco y a Pedro Pablo Quirós en el Banco de Costa Rica.

Sanción para el ministro

De hecho, Ronny Monge y Prendas señalaron que Sergio Alfaro debe ser analizado a la luz de varios artículos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, porque reclaman que el ministro es el jefe de Zúñiga y, como tal, debió frenar los pagos indebidos desde que inició labores, pese a que fue bajo la gestión del anterio ministro, Melvin Jiménez, que habría comenzado la irregularidad.

"Este gobierno ha sido mentiroso y corrupto (...) el único ante quien me quito el sombrero es Ottón (Solís, fundador del PAC), porque sigue siendo crítico del gobierno", dijo Monge. "El PAC mete toda la basura debajo de la alfombra para que no la vean los invitados, pero ya los invitados llegan y está cada día más hediondo y nadie soporta ese olor", remató el liberacionista.

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Los liberacionistas solicitaron que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR) apliquen todo el peso de la Ley contra la Corrupción en contra de Alfaro.

"De acuerdo con la legislación vigente, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, es la autoridad política superior que debió dejar sin efectos los pagos al parecer indebidos", dijeron los legisladores del PLN en un comunicado de prensa.

El PLN considera que se le deben aplicar a Alfaro los artículos 56 y 59 de la Ley contra la Corrupción, que establecen las sanciones para los funcionarios públicos que otorguen o reconozcan "beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable" y que se le podrá "inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años", respectivamente.

Cobro polémico

En el centro de la polémica están los ¢30,1 millones que, por 33 meses, ha recibido Ana Gabriel Zúñiga, correspondientes al 65% por concepto de prohibición, a pesar de que no es abogada.

De acuerdo con la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, una viceministra egresada de la licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, no puede acceder a ese incentivo. Sí podría cobrar otra compensación, declaró Rojas, pero equivalente al 45% de su sueldo base.

A la fecha, la alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia recibe ¢846.722 mensuales por prohibición, con lo que ha acumulado esos ¢30,1 millones, incluyendo la remuneración mensual y aguinaldos. Si ella hubiera recibido la compensación que realmente le correspondería, según lo expuesto por la procuradora Rojas, solo habría podido cobrar ¢20,8 millones durante estos 33 meses; por mes, se trata de una compensación mensual de ¢586.192.

Ante los ataques que les hicieron desde el PLN, el subjefe oficialista trató de comparar los casos que ha enfrentado este gobierno, con los de gobiernos anteriores, tanto de Liberación como del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

"No es el PLN el paladín de la ética, yo sé el esfuerzo que se hace y la responsabilidad de todos los que estamos en política. (...) Usted (Ronny Monge) y yo sabemos que este gobierno, por mucho, no va a llegar a los casos de corrupción a que llegaron los anteriores gobiernos. Celebro que hoy el PUSC hable de esto y que el PLN ahora sí tenga su propio Código de Ética", comentó Corella.

De hecho, en el comunicado de prensa donde piden acciones contra Alfaro, los liberacionistas afirman que esperan que tanto la Contraloría como la Procuraduría actúen "como lo han hecho con otros gobiernos".

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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